Intiman a una comunidad mapuche a desalojar un predio usurpado

Los integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo deberán desalojar un predio que habían usurpado al pie del cerro Ventana, de acuerdo a lo dispuesto por el juez de Garantías, Sergio Pichetto, quien aceptó la formulación de cargos de los fiscales contra los integrantes de la comunidad por el delito de usurpación.

El conflicto entre la comunidad y los privados comenzó la semana pasada cuando una veintena de integrantes de la misma se ubicaron al pie del cerro Ventana, a unos 15 kilómetros de Bariloche, en el marco de un plan de recuperación del “territorio ancestral”.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el caso y citó a las partes a una mediación en la que no llegaron a un acuerdo. Luego, los fiscales formularon cargos a los representantes de la agrupación mapuche por la usurpación del predio y el Juez de Garantías los intimó a que lo abandonen.

Pichetto mencionó que tras los intentos conciliatorios que desarrolló la fiscalía, los acusados ingresaron materiales y consolidaron la toma, por lo que ordenó el desalojo dentro de las 72 horas de que su decisión quede firme.

Los fiscales Martín Lozada, Gerardo Miranda e Inti Isla, formularon cargos por el delito de usurpación contra Ramiro Buenuleo (43), Rosa Buenuleo (37), Lucas Dinamarca (22), Sandra Ferman (33), Nahuel Maliqueo (18), Mauro Millan (49), Nicolás Quijada (18) y Claudio Raile (34). La acusación describió los elementos probatorios reunidos a la actualidad y solicitó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, pidieron el desalojo de la tierra y la restitución al denunciante.

Los fiscales, en su argumento, mencionaron que “los derechos no se toman por asalto” y que todos los intentos por mediar y lograr una solución pacífica habían fracasado, pero que además los acusados no habían respetado acuerdos verbales y luego de las entrevistas mantenidas, continuaron ingresando materiales de construcción y elementos a la propiedad en disputa, construyendo un pequeño refugio para las personas que allí estaban.

Para el juez Sergio Pichetto, la descripción del hecho que realizó la Fiscalía resultaba típica y al considerar que reunía todos los requisitos, habilitó la investigación por el plazo de cuatro meses. “Si ocurrió como dice la Fiscalía, hay un posible delito de usurpación”, aseguró.

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