Yanina Victoria García habitaba el inmueble con sus hermanos. El miércoles por la noche salió y cuando regresó, ayer por la mañana, la vivienda se había convertido en una montaña de escombros. “Se llevaron todo, nos quedamos sin nada”, dijo entre lágrimas la mujer.

Más allá del drama familiar, la Justicia ya había ordenado el desalojo del lugar, por considerar que la familia no era la legítima propietaria de la casa, ubicada en la intersección de las calles Lago Lácar y Gacinto del Ben.

Yanina tenía pensado abrir allí una verdulería, para tener un ingreso fijo. Sin embargo, en cuestión de segundos todo se vino literalmente abajo.

La mujer contó que un hombre oriundo de Villa Manzano reclamó las tierras como suyas y que de un momento a otro le destruyeron su hogar. “Ahora estoy acá, escarbando para encontrar una foto de mi padre. Hoy es mi cumpleaños, miren lo que me hicieron”, expresó indignada.

La Justicia había ordenado el desalojo del inmueble, ya que no consideró que la familia que vivía allí haya sido la legítima propietaria.

“Nosotros nacimos y nos criamos acá. Ayer yo salí tipo 11 de la noche (por el miércoles) y cuando volví está mañana me encontré con escombros por todos lados. Tampoco estaban las camas, la heladera y las cosas que mi papá nos había comprado porque se las robaron. Este lugar lo compró mi abuelo, pasó a ser de mi papá y luego él se los dejó a sus hijos”, señaló la mujer.

Yanina aseguró que la demolición se trató simplemente de “una cuestión de dinero” y que a los responsables “no les importa su familia”.

Para el Poder Judicial, sin embargo, la situación es bien distinta. Hace ya unos meses había comenzado la disputa. De un lado tenían una escritura que daba cuenta de que ese terreno le pertenecía a otra persona. Yanina, por su parte, contaba solamente con un boleto de compraventa, el cual sin embargo nunca pudo validar.

Todo se resolvió en el Juzgado Civil. A los habitantes de la vivienda les dijeron que lleven una copia certificada del boleto que tenían, algo que nunca hicieron. Ante esa situación, el juez resolvió que el que debería quedarse con el lote era el que tenía la escritura.

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