Descubren más desvíos de fondos municipales

Más de 16 millones de pesos gastó la gestión de Abel Baratti en facturas de servicios y bienes adquiridos por el Municipio, sin contar con el dinero ni el crédito para hacerlo. Más aún, estos gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2015 tampoco fueron declarados en los registros contables y presupuestarios, pese a que por Carta Orgánica el presupuesto debe comprender todas las erogaciones y recursos.

El Concejo Deliberante deberá definir el jueves si esas irregularidades justifican una acción legal o si el ejercicio económico se aprueba igual.

Las anomalías por $16 millones se descubrieron en la auditoría contable que realizó el contralor municipal Horacio Schlichter sobre el ejercicio 2015. En la que también confirmó el desvío de los fondos que destinó la Provincia para asfaltar el barrio San Pablo.

La partida del asfalto, que rondaba los 11 millones de pesos y provenía de regalías hidrocarburíferas, ingresó con un fin específico, pero fue a parar a una cuenta de rentas generales, junto con el dinero que el Municipio percibe en concepto de impuestos, multas, habilitaciones comerciales y otros ingresos.

“Ese dinero no tuvo una afectación específica, no se destinó a una obra directa. Se utilizó para hacer funcionar al Municipio y cubrir el déficit que ya tenía”, advirtió el contralor municipal.

Este es un procedimiento que se hace todos los años, no es a favor o en contra de nadie”. Horacio Schlichter. Contralor de la Municipalidad

Por otro lado, y de manera adicional, la auditoría puso al desnudo algunas irregularidades en la utilización de los Fondos de Terceros. Durante 2015, el Municipio habría utilizado dinero de Provincia, Nación y el correspondiente a proveedores para cubrir gastos de funcionamiento.

Lo hizo por un monto que supera los 7 millones de pesos y debería haberse reflejado en el pasivo, ya que el Municipio adeuda ese dinero a las cuentas bancarias de los afectados. “No llevaba un debido control de los fondos propios y no propios”, sintetizó el contador.

En tanto, sobre otros gastos que no contaban con crédito presupuestario pero igualmente fueron ejecutados, violando las normas presupuestarias, el Municipio sacó una ordenanza de fondos para regularizar esa situación.

Creó una partida de déficit, de 23 millones de pesos, para dar cobertura presupuestaria a los gastos no registrados, en un contexto en que los egresos ($435.599.915,74) ya superaban a los ingresos ($414.629.140,40).

La plata petrolera tenía un solo destino posible

La primera confirmación sobre un millonario manejo irregular de fondos quedó en evidencia antes de iniciar la auditoría. Por el barrio San Pablo ni siquiera habían pasado las máquinas y en las cuentas públicas no estaban los $11 millones aportados por la Provincia para repavimentar calles. Tras el inicio de la auditoría se determinó que la plata se había usado para cubrir un déficit de funcionamiento, por lo que se violaron leyes provinciales y una ordenanza local. El dinero provenía de la renegociación de contratos petroleros y benefició a todas las ciudades con mínimas condiciones: debía servir para obras o compra de maquinaria y bajo ningún concepto para gastos corrientes. Para evitar el manejo discrecional, los intendentes tuvieron que presentar proyectos por escrito antes de recibir las transferencias. En Cipolletti, además, el Deliberante votó que fuese al San Pablo. El oficialismo hizo pesar su mayoría, porque la oposición quería darle otro uso. Al final, su destino no fue el previsto y sólo tapó un bache financiero.

Por la aprobación

Pese a las irregularidades advertidas y declaradas por la auditoría, su responsable consideró que el Estado de Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2015, debe ser aprobado con algunas salvedades, las cuales corresponderá a los concejales ver cómo se subsanan.

En líneas generales, consideró que el Municipio hizo los deberes durante 2015, y sostuvo que las irregularidades cometidas son de índole administrativa. No obstante, admitió que representan infracciones a las normas más elementales de la Carta Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera.

“El procedimiento de contabilidad de las operaciones se hizo, con algunas salvedades que pudieron ser individualizadas. Ahora será el Concejo Deliberante el que evalúe la gravedad de esas observaciones y mida sus consecuencias”, concluyó.

El estado de las cuentas que dejó el ex intendente sería tratado por los concejales el próximo jueves, en una sesión especial. Allí se definirá si hay denuncias por el manejo irregular de fondos.

Por un caso similar, el intendente de Oro denunció a su antecesor

Una situación similar a la que analizarán el jueves los concejales cipoleños, en Fernández Oro derivó en denuncias penales por parte del actual intendente, Mariano Lavin, a Juan Reggioni, su antecesor.

Para Lavin, en 2015 hubo manejo discrecional de fondos recibidos para obras, lo que se tradujo en una presunta malversación que denunció en la Justicia.

Tras la acusación, que aún está en etapa de investigación, Reggioni aseguró que se trataba de una persecución y la semana pasada intimó al nuevo jefe comunal para que ratifique o rectifique expresiones públicas. “Las declaraciones e informaciones dadas a medios periodísticos y por las cuales usted se siente agraviado son las mismas que se encuentran en las denuncias penales en su contra. Las denuncias son por acciones que habría llevado a cabo en perjuicio de la administración pública de nuestra ciudad”, le respondió Lavin a través de una carta documento en la que ratificó todas las acusaciones.

“Le recuerdo que ha dejado un Municipio con deudas millonarias por obligaciones vencidas con loteadores privados que superan los 15 millones de pesos, falta de pago de los aportes de seguridad social que ascienden a 500 mil pesos y dinero pendiente de rendir con la provincia y el Estado Nacional por más de 7 millones de pesos”, le recriminó.

Por último, Lavin le solicitó a Reggioni que deje “de enviar invitaciones para realizar un acuerdo para dar de baja las denuncias”, según se informó en un comunicado oficial de la comuna. “En ningún momento acordaré con usted ni otra persona dejar de buscar la verdad y la justicia”, manifestó.

En Cipolletti, la situación no llegó a la Justicia y la denuncia depende de los concejales.