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Denunciarán a Carreras y Minor si no desalojan una toma cipoleña

La abogada del dueño de la chacra dijo que Fiscalía solicitó efectivos policiales para ejecutar el desalojo, pero que no obtuvieron respuestas.

La representante legal del propietario de la chacra Kohan, usurpada en agosto del 2020, solicitó al Poder Ejecutivo provincial que responda el pedido de la Justicia cipoleña para ejecutar el desalojo. La orden del juez, establecida en febrero pasado como medida cautelar, aún no se pudo llevar a cabo por falta de efectivos policiales preparados para tal fin. Denunciarán por incumplimiento de sus deberes a la gobernadora Arabela Carreras y la secretaria de Seguridad, Betiana Minor.

La abogada Daiana Vásquez dijo que el plan de operación para ingresar y desocupar la chacra del barrio Labraña usurpada por unas 70 personas ya se encuentra diseñado pero que la Justicia cipoleña no lo puede ejecutar porque no logra conseguir los recursos de aprovisionamiento de seguridad, es decir, los efectivos policiales necesarios.

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“Tenemos una orden de desalojo que está firme desde febrero, con doble conforme. El doble conforme implica que es ejecutable. El juez de Revisión Baquero Lazcano confirmó la decisión de primera instancia, y confirmó la medida la cautelar, es decir el desalojo. Desde ahí seguimos con el trabajo conjunto con fiscalía porque se trata de un delito de acción pública: son ellos quienes deben accionar para que se ejecute el desalojo”, contó Vásquez en diálogo con LM Cipolletti.

Según le informaron desde Fiscalía, ya cuentan con el plan operacional para ingresar al predio con todos los recaudos para evitar un desalojo violento porque hay mucha gente instalada en el lugar.

“Lo que faltan son los recursos, sobre todo aprovisionamiento del personal policial especializado. La misma orden judicial prevé esto. La novedad es que desde febrero se le viene pidiendo a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, proveer los recursos policiales y no existe respuesta alguna. Se lo pidió Fiscalía y se lo pedimos nosotros, y en ningún caso respondió”, reclamó la letrada.

“Enviamos una serie cartas documentos porque consideramos que hay un incumpliendo de los deberes de funcionario público, por parte de Minor, y en paralelo enviamos la petición a la gobernadora Carreras, porque ella es responsable legalmente por el incumpliendo de sus agentes en funciones. Consideramos que hay un incumplimiento de los deberes, que configura un delito penal”, remarcó la abogada cipoleña.

Agregó que, sin los recursos, es imposible ejecutar la medida de desalojo, y que con el tiempo la toma se sigue consolidando con más casas construidas con materiales y más familias viviendo en el lugar, generando mayores dificultades para la desocupación.

Según Vásquez, la carta documento a ambas funcionarias fueron recepcionadas el 17 de junio pasado pero no tuvieron respuesta.

“Entendemos que existe una decisión política de no avanzar con la causa. De no avanzar la orden de desalojo el próximo paso es peticionar en la Legislatura de Río Negro para que, con la denuncia penal, solicitar el desafuero de ambas funcionarias (Carreras y Minor). La secretaria por incumplimiento de los deberes de funcionaria público y la gobernadora por responsable de los agentes públicos bajo su cargo”, explicó Vásquez.

También remarcó que la intención es encontrar una solución previa que sería ejecutar la orden de desalojo firmada por el juez en febrero pasado ya sea por medios pacíficos o por la fuerza pública.

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