Cuando la ley está del lado de los victimarios

ALBERTO RIVERO - [email protected]

Una docena de causas tramitadas en la Justicia cipoleña se encuentran hace años esperando una resolución por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por las demoras, que suelen superar tranquilamente los tres años, hay condenados por delitos graves que están en condición de quedar en libertad, incluso algunos lo están. Los principales perjudicados, además de las víctimas, son los funcionarios del Ministerio Público o los jueces de primera instancia, quienes deben dar respuestas a la demanda de justicia la ciudadanía.

El fiscal general de Río Negro, Fabricio Brogna, contó a este medio que la Corte Suprema de Justicia no tiene un plazo máximo para resolver los reclamos y que el Ministerio Público trabaja de manera constante con las víctimas, informando todas las posibilidades según el caso. “Siempre explicamos y dejamos en claro que los procesos, en caso de llegar a su duración máxima, es decir hasta la Corte, tienen los tiempos que maneja este organismo. Advertimos esto a las víctimas y también proponemos alternativas, como pueden ser un juicio abreviado o medidas de salidas alternativas de conflicto”, relató.

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, las penas de prisión no deben hacerse efectivas mientras el condenado tenga la posibilidad de apelar. Eso les otorga años de libertad. El proceso de apelaciones comienza tras la sentencia, que puede ser impugnada por los fiscales y la defensa, y llega a un tribunal de impugnación en el ámbito provincial. Allí, cuando la condena es ratificada, los defensores pueden recurrir al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y hacer una reserva de apelación ante la Corte, a la que llegan una vez que todas las instancias de la Justicia rionegrina confirmaron la culpabilidad del acusado.

La postura de la Corte, en función de las garantías constitucionales, provoca indignación entre las víctimas de delitos graves y sus familias, pero además ha obligado a los funcionarios de primera instancia a adaptarse a la situación. En Cipolletti son numerosos los casos de acusados de delitos graves, como abusos sexuales, que salieron caminando de tribunales tras ser condenados y se fugaron. O de quienes se escaparon antes de conocer la sentencia, conscientes de que sería una condena. A raíz de ello, los pedidos de pena llegan acompañados de una solicitud de prisión preventiva en caso de una condena.

Condenados y en la calle

Entre las causas más conocidas, LM Cipolletti pudo revelar que se encuentra la del maestro de música Carlos Meza, condenado por abusar sexualmente de varias nenas en el Jardín 85 del barrio El Manzanar. El hombre afrontó cuatro juicios y fue declarado culpable en tres. El Tribunal de Impugnación ordenó repetir el último juicio porque, según los magistrados, hubo una grave inconsistencia en la Cámara Gesell.

Las denuncias contra Meza salieron a la luz en 2014 y se contabilizaron un total de 36. Las sentencias por los tres primeros juicios fueron impugnadas por su defensor hasta llegar a la Corte Suprema, donde descansan hasta hoy sin una resolución definitiva. Mientras tanto, el abusador está en libertad y solo debe cumplir con una prohibición de acercamiento a las víctimas y sus familias.

El 11 abril del 2015 hubo un brutal crimen en el Paseo del Ferrocarril, cerca de las vías del tren. Pablo Gonzálvez, de 26 años, fue asesinado a golpes, cortado con restos de botellas y prendido fuego. Luego lo tiraron dentro de un pozo, donde murió por asfixia.

Los protagonistas del aberrante hecho fueron tres: un joven que en ese momento tenía 19 años y dos adolescentes. La sorpresa fue la calificación legal de la sentencia, de homicidio simple. Pese a que la fiscalía reclamó perpetua, Jorge Antonio Argüello fue condenado a 18 años de prisión porque, según los jueces, no se pudo determinar la alevosía. Los menores no pudieron ser juzgados. La fiscalía reclamó en el Máximo Tribunal el cambio de la calificación legal, de homicidio simple a homicidio agravado, que podría dar un giro sustancial a la cantidad de años que pasará Arguello en la cárcel. De igual forma, al no discutirse la culpabilidad, ya está cumpliendo condena, aunque sin saber de forma cierta hasta cuándo.

Hasta un caso de homicidio culposo está en la lista de espera de la Corte. En junio del 2017, el cirujano Javier Fontaine de Catriel fue condenado a dos años y seis meses de prisión, e inhabilitado para ejercer la profesión por cinco años, por el delito de homicidio culposo. Según el fallo, el médico realizó en 2012 una fallida laparoscópica a Elsa Liliana Chavarría, de 48 años, y le provocó la muerte. La causa llegó hasta la Corte, por los reclamos de su defensor, pero aún no obtuvo respuesta, por lo que el profesional continúa libre de culpa y cargo, y en condiciones de ejercer.

Lo encerraron por sacarse la tobillera

Otra de las causas icónicas es la de José “Chiqui” Forno, condenado en 2017 a seis años por el delito de defraudación a la administración pública. La investigación develó un total de 40 estafas concretadas por Forno en el 2003, cuando cumplía funciones en la ex Cámara Civil de Cipolletti. La maniobra consistía en adulterar documentación vinculada a reclamos y cobrar oficios ilegales. Forno negó siempre los hechos y acudió a los máximos jueces, que aún deben expedirse. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, pero por otra sentencia que lo declaró culpable de 19 robos violentos con la temida megabanda de boqueteros, organización criminal que lideraba. Si no hubiese violado el dispositivo de rastreo el año pasado, podría estar esperando la decisión judicial en libertad, ya que venció la prisión preventiva.

No cumplió ni la pena en suspenso

Otro polémico caso es la condena en junio del 2018 contra un rugbier por el brutal ataque racista a un joven en el interior de un bar. La agresión ocurrió en el 2015 y la víctima logró que llegue a juicio, amparado por las filmaciones del lugar y el testimonio de un personal de seguridad. El deportista neuquino le quebró el peroné a piñas mientras le gritaba insultos racistas y lo juzgaba por ser de “otra clase social”. El joven fue condenado a dos años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario, sentencia que fue ratificada por el STJ de Río Negro pero nunca cumplida. Su abogado requirió la intervención de la Corte para intentar dar vuelta la sentencia, pero hasta el momento el pedido no fue respondido.

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En prisión, pero por falta de dinero

Además de quienes nunca fueron presos, hay dos condenados por asesinato que pueden quedar en libertad hasta que la sentencia quede firme, pero no lo hacen porque no tienen el dinero para pagar la caución impuesta por la Justicia.

Kevin Ortiz, condenado por el crimen de Marcelo Grosso en Catriel, y Pablo Peña, quien mató a puñaladas al novio de su ex pareja para hacerla sufrir en las 1200 Viviendas, están presos pero podrían quedar en libertad, por tiempo indefinido, en cualquier momento.

En estos dos casos la Justicia ordenó la excarcelación porque superaron los tres años y medio de preventiva sin sentencia firme. Como condición, el tribunal ordenó el pago una caución mayor a $100 mil, que ninguno pudo afrontar. Se trata de un artilugio legal para evitar que peligrosos delincuentes salgan en libertad y terminen fugándose o cometiendo nuevos delitos.

Carlos Carrasco, el descuartizador de Oro, también estaba en esa situación, pero la Corte Suprema finalmente confirmó la sentencia después de varios años de espera y ordenó que vaya preso.

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