Revuelo por radares y fotomultas millonarias en la Ruta 7 y un urgente pedido al Tribunal de Cuentas

Por estos días, la localidad de San Patricio del Chañar atraviesa una fuerte polémica institucional por el funcionamiento de los radares y la emisión de fotomultas sobre la Ruta 7. El foco del conflicto está puesto en la legalidad de los contratos firmados con las empresas Fluxa SRL y Neuraltech SRL, las cuales se encargan de controlar el tránsito y generar actas de infracción automatizadas.

Desde hace un tiempo hay reclamos en la localidad por multas que superan los 400 mil pesos de mínima, y se abrieron 86 expedientes de vecinos para ser analizados.

La denuncia fue encabezada por el concejal Jonathan Lagos del Frente Nuevo Neuquén, quien desde mayo del año pasado viene advirtiendo irregularidades administrativas en el proceso de contratación y ejecución de este sistema de control vehicular. También la impulsan la denuncia los concejales Luis Vásquez y Patricia Cuellar, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En San Patricio del Chañar, las multas a los infractores empezarían a cobrarse a partir del lunes 14.

En San Patricio del Chañar, las multas a los infractores empezaron a cobrarse en 2023.

“Desde 2023 iniciamos acciones para denunciar la situación legal de los radares en San Patricio del Chañar. Hicimos una presentación judicial y este año llevamos el caso a la Honorable Legislatura del Neuquén, solicitando que se intervenga de forma urgente”, explicó Lagos a LMNeuquén.

Fotomultas en la Ruta 7: el porcentaje que se llevan las empresas

Según el edil, a fines de 2023, se decidió rescindir los contratos con Fluxa y Neuraltech debido a incumplimientos presuntamente graves, ya que las firmas no habían rendido correctamente lo recaudado por las multas.

Sin embargo, en una decisión que generó nuevas polémicas, el actual intendente Gonzalo Núñez volvió a habilitar a las mismas empresas mediante dos adendas a los contratos originales.

“Se las recontrata sin concurso ni licitación, sino que se modifica el esquema económico a favor de las empresas. Ahora se quedan con el 75 por ciento de lo recaudado, cuando antes era el 65 por ciento. Al municipio le quedan apenas el 25 por ciento de los ingresos por infracciones”, denunció Lagos.

Además, cuestionó que esas adendas se firmaron sin pasar por el Honorable Concejo Deliberante, como exige la Carta Orgánica Municipal. “Esto representa una concesión de un servicio público y, por tanto, debía ser tratado en el Concejo con doble lectura, tal como lo establece el artículo 97, inciso a”, remarcó el edil.

La situación ya fue denunciada formalmente ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén, en una nota dirigida al presidente del cuerpo colegiado, Juan Pablo Dirr. Aparentemente, habría una auditoría en marcha, pero no se saben los detalles de la misma para analizar la legalidad del vínculo contractual, la exclusividad otorgada a las empresas y el destino de los fondos obtenidos por las multas.

Paralelamente, Lagos presentó el caso ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura neuquina, donde actualmente se analiza un proyecto de ley para suspender la actividad de las empresas en cuestión y exigir autorización provincial para la colocación y uso de radares en rutas neuquinas.

Los juicios por jurado debutarán en marzo del 2022 en San Patricio del Chañar.

El ingreso a San Patricio del Chañar por la Ruta 7 tiene cámara de seguridad y radares.

“Queremos que se reglamente con claridad cómo debe ser la instalación y el funcionamiento de estos dispositivos, y que se garantice la transparencia en el manejo de los recursos. Hoy nadie controla cuánto se cobra, cómo se rinde ni a quién le llega el dinero. Vienen llegando multas de 400 mil pesos como mínimo, es una locura”, expresó el edil.

El conflicto por las fotomultas no es nuevo en la provincia de Neuquén ni en el país. La utilización de radares gestionados por empresas privadas es cuestionada en múltiples municipios, sobre todo cuando los porcentajes de recaudación favorecen abiertamente al contratista y no al Estado.

En San Patricio del Chañar, el trasfondo va más allá del control del tránsito."Se tiene que investigar si es un negocio montado con la excusa de la seguridad vial, pero sin rendición de cuentas", sostuvo.

Nota radares al Tribunal de Cuentas.jpeg

Los vecinos, en tanto, expresan su malestar por sanciones que podrían haberse emitido desde un sistema que ahora está bajo la lupa por graves irregularidades. “El municipio no puede seguir perdiendo recursos. Esto debe corregirse cuanto antes”, concluyó Lagos.

Legislatura: el proyecto para frenar el negocio

La comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) emitió dictamen unánime a la propuesta presentada por la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) que busca regular los sistemas de radares para el control de velocidad en las rutas provinciales.

"El tema es que en las rutas provinciales existe un vacío legal, y ante lo mismo, los municipios ponen los radares donde les pinta a las empresas. Es decir, donde más van a recaudar", comentó la autora de la iniciativa, que llega con algunas modificaciones aportadas por integrantes del cuerpo.

De ahí, que se agregaron aspectos asociados con la autoridad de aplicación, la cual deberá publicar los montos recaudados y aplicados a seguridad vial y, también, un detalle de todos los radares de control de velocidad autorizados para operar en las rutas provinciales. Además, la norma contempla que el organismo de control deberá tener actualizada su página oficial.