Cipolletti: se estira el proceso contra un extrabajador municipal porque su abogado está en Europa

El ex empleado municipal de Cipolletti, detenido y acusado por graves delitos de abuso sexual en el ámbito familiar, deberá esperar unos días más para conocer la pena que le impondrá la Justicia. Aunque la audiencia de cesura estaba prevista para el 16 de abril, una sorpresiva maniobra de la defensa dilató el proceso.

El imputado —quien permanece con prisión preventiva tras haber confesado los hechos en una audiencia previa, bajo un acuerdo de juicio abreviado parcial— cambió recientemente de abogado. La nueva representación, a cargo de un reconocido letrado de Cipolletti, notificó al tribunal que se encuentra de viaje por Europa y que el día fijado para el juicio estará en un sitio sin acceso a conectividad.

También informó que, por el momento, no ha tenido contacto directo con su cliente. Anteriormente contó con defensa pública.

Ante esta situación, el tribunal resolvió realizar una audiencia para el 14 de abril, permitiendo la participación remota del abogado desde el exterior, una posibilidad que se mantiene vigente desde los cambios implementados durante la pandemia por Covid-19. Allí se evaluará la situación y los plazos.

En este contexto, fuentes cercanas a la víctima manifestaron su preocupación por los reiterados movimientos procesales, y reclaman una respuesta judicial rápida y firme.

Confesión, delitos agravados y prisión preventiva

El ex trabajador municipal, que prestaba funciones en el área de Servicios Públicos, fue detenido hace más de un año luego de una investigación reservada. Los delitos que se le atribuyen están calificados como delitos sexuales agravados por el vínculo y la convivencia, ocurridos en el ámbito familiar. Según trascendidos, algunos de los episodios se habrían producido en un predio municipal, lo que motivó la intervención del Ejecutivo local. Como medida preventiva, la Municipalidad lo suspendió sin goce de haberes tras la imputación.

La fiscalía estima que la condena podría superar los 20 años de prisión. Al tratarse de un tribunal colegiado, y por la gravedad de los hechos, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 12 años de cárcel, como mínimo, según las proyecciones iniciales.

En una audiencia reciente, la defensa había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud, pero los jueces Guillermo Merlo, Julio Sueldo y Alejandra Berenguer rechazaron el planteo. Consideraron que no se acreditaron condiciones médicas suficientes, y además observaron que el domicilio propuesto —propiedad del municipio— no era apto, ya que aún habitan allí menores de edad.