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Cipoleño víctima de abuso sexual durante la dictadura

Era un empleado municipal. Se animó a hablar 30 años después.

"La violación sexual se emplea como arma de destrucción del otro. Las violaciones y los abusos sexuales durante la dictadura no fueron actos aislados ni individuales", afirmó esta semana el abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, para argumentar que la violación sea reconocida como un delito de lesa humanidad en relación con el caso de Gabriel Augusto Carmona quien fuera secuestrado ilegalmente, torturado y abusado sexualmente mientras permaneció en el centro clandestino de detención La Escuelita, al fondo del Batallón de Ingenieros 181 perteneciente al Ejercito Argentino.

Durante una de las audiencias del cuarto juicio en el que 22 imputados son juzgados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas durante la última dictadura militar, el querellante de la APDH pidió que la violación que sufrió Carmona sea reconocida como tal por su condición de práctica vejatoria autónoma y estratégica dentro del plan sistemático de ataque en contra de la población civil argentina.
Carmona era militante de la Juventud Peronista y desde 1973 trabajaba en la Municipalidad de Cipolletti. A partir del golpe militar comenzó a ser perseguido dentro del Municipio por su militancia y obligado a renunciar a comienzos de agosto de 1977 por el entonces secretario de Gobierno de la comuna, Jorge Gorlero Pizarro, a punta de pistola. El 10 de agosto de ese mismo año fue detenido en su domicilio por tres personas de civil delante de su esposa y sus dos hijos. Le taparon los ojos con un trapo y lo subieron a la parte trasera de un auto y se dirigieron hasta La Escuelita, donde fue golpeado salvajemente. De las brutales agresiones participó, entre otros, Raúl Guglielminetti, imputado en esta causa. Luego de los golpes, Carmona fue desnudado y violado por dos personas. Allí permaneció cuatro días, luego fue introducido en un vehículo y trasladado a un camino de chacra pasando la ciudad de Cipolletti en dirección a General Roca donde fue liberado.

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"Existe un silencio judicial respecto de la violencia sexual aplicada en la dictadura. Es una responsabilidad del Estado romper ese silencio para visibilizar y condenar la violencia sexual de los genocidas". Juan Cruz Goñi. Abogado querellante de la APDH

Durante varios años Carmona, quien falleció en 2014, no se presentó a declarar como víctima de la dictadura militar, y recién en junio de 2007 pudo romper el silencio, venciendo los sentimientos de humillación, vergüenza ante el Juzgado Federal de Roca donde contó lo ocurrido (ver aparte). "Por eso es necesario ahora romper con el silencio jurídico y social", subrayó el abogado de la APDH sobre el planteo presentado. "La violencia sexual fue una más de las técnicas represivas del dispositivo concentracionario aplicado por la dictadura. Fue ejecutada de manera masiva, generalizada, continua y sistemática con el fin de causar dolor, quebrar toda resistencia de las víctimas con brutalidad, clandestinidad e impunidad".

Gracias al testimonio aportado por la víctima, Gabriel Carmona, desde la APDH pidieron que este tipo de delitos sea considerado de lesa humanidad.

Hasta la fecha, los abusos sexuales y la violación denunciados por Carmona han sido, según Goñi, considerados "equívocamente" en el delito de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser la víctima perseguido político. "Subsumir los abusos sexuales sufridos por Carmona en el delito de tormentos no refleja todo el contenido del injusto de los abusos sexuales los que, por otra parte, se encuentran contemplados en una figura específica del Código Penal y además estos abusos sexuales contra el municipal cipoleño constituyen en sí mismos crímenes contra la humanidad en tanto integran el ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por las fuerzas represivas, cuyas filas integraron los imputados".

Los responsables

Carmona no pudo identificar a las personas que abusaron de él. El hecho fue cometido en la más absoluta clandestinidad. Por eso Goñi sostuvo que "ello no debe implicar la impunidad de los autores mediatos". Y en ese sentido, el abogado de la APDH señaló que los represores Oscar Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas deben responder en carácter de autores por la totalidad del hecho, en tanto Hilario de la Pas Sosa, Enrique Olea, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pascuale, como partícipes necesarios.
Por último, Goñi explicó que dentro de los centros clandestinos de detención "todos los mecanismos de personificación y destrucción de las personas eran admitidos dado que quienes habitaban el mundo concentracionario eran excluidos de su condición humana. De ahí que en dichos sitios se cometieron los actos más terribles que sólo una imaginación sádica y perversa puede tramar sobre cuerpos totalmente inermes y sin posibilidad de defensa".

Lo violaron dos veces y después le metieron un palo en el ano

Durante el juicio, el abogado querellante de la APDH, Juan Cruz Goñi, leyó un desgarrador testimonio del empleado municipal cipoleño Gabriel Carmona, quien fue violado durante la última dictadura militar en La Escuelita. En uno de sus fragmentos, el letrado leyó: "A la noche, ingresaron en la habitación dos hombres vestidos de civil a quienes no había visto antes. Uno de ellos tenía rasgos mapuches, era moreno y corpulento, el otro era un hombre delgado a quien no pudo ver con claridad. El morocho de inmediato le propinó una trompada en el estómago y le ordenó que se sacara la ropa. Que el declarante pensó que volverían a aplicarle picana, pero no fue así. Que lo tiraron boca abajo, al suelo y el morocho lo violó mientras el otro le pisaba la cabeza para impedir que se moviera. Que luego el otro sujeto también lo violó mientras el morocho le sostenía la cabeza. Que le produjeron un desgarro anal. Que después de que lo violaron, le introdujeron por el ano algún otro elemento, un palo o hierro. Como gritaba, los dos hombres se burlaban, se reían y le decían que estaba mejor que una mujer y otras barbaridades por el estilo. Al otro día escuchó voces y requirió a los gritos que le dieran agua y alguien le alcanzó un vaso". Luego de haber vivido esa situación y tras 30 años de silencio, Carmona le dirigió una nota en el 2006 al por entonces intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, en la que solicitó una reparación histórica por los crímenes sufridos durante la dictadura. En relación a los tormentos que recibió durante su cautiverio, Carmona expresó en esa nota: "recibí la gran paliza de mi vida y la peor humillación que se le hace al hombre, violentar su dignidad varonil".

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