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Baratti, a un paso de ir a la Justicia por desmanejo

Tortoriello analiza denunciarlo por el rojo que dejó en las arcas municipales.

De acuerdo con la auditoría contable que el Municipio cipoleño inició a mediados de enero para revisar el presupuesto ejecutado de 2015, la gestión anterior habría cometido serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Tanto es así que el intendente Aníbal Tortoriello arriesgó a decir que el informe que preparan los asesores legales y técnicos contables podría derivar en una denuncia. "Todo indica que vamos a terminar en la Justicia", anticipó.

En los próximos días, el jefe comunal mantendrá una reunión con su gabinete para ver cómo encaran las anomalías que se observan y cuáles son las acciones a seguir, en tanto que concluyen la autoría que está en marcha. Tortoriello cree que podrán cerrar el informe a más tardar la semana próxima.

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40 millones de pesos es el déficit que Tortoriello dice que recibió de la gestión anterior.

"Es muy probable que esto derive en una denuncia judicial, ese pareciera ser el camino. Pero queremos tener la certeza técnica. Si la Asesoría Legal dice que todo lo observado amerita tomar acciones legales, tendremos la obligación de hacerlo porque son dineros públicos los que están en juego", apuntó Tortoriello.

Si el dictamen confirma la comisión de un delito, el jefe comunal confirmó que irán contra el ex intendente Abel Baratti como máximo responsable. Entonces, habrá que ver cuál es la figura que encaja para tipificar los actos que se le reprochan, si le cabe algún tipo de responsabilidad por malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público u otra acción legal, más allá del sumario administrativo que podrían iniciar, en paralelo a la denuncia judicial.

"Tenemos la cautela de mirar en detalle y esperar las conclusiones de los asesores legales y técnicos contables. Pero, a primera vista, observamos que varias contrataciones de servicio, compras, fondos destinados para obras específicas y otros gastos, no cumplen con los requisitos legales", sostuvo.

En ese escenario, dijo que se observa un uso indebido de los recursos y anomalías en las contrataciones de transporte y compras directas que debían realizarse por licitación, además de advertir gastos corrientes que se incrementaron en un 200%, justo cuando la anterior gestión de gobierno buscaba la reelección.

Precisó que ese incremento sustancial, que llama mucho la atención, se cristalizó en gastos de publicidad, alquiler de vehículos y, en el área de Acción Social, la distribución de módulos de comida y materiales de la construcción.

"Es muy llamativo porque se dio durante la campaña electoral. Ahora, hay que ver cómo se justifica ese incremento en esos ítems", indicó el jefe comunal.

Desaparecieron $11 millones
Otra irregularidad grave detectada fue la relativa al asfalto del barrio San Pablo, para cuyo fin el gobierno de la Provincia destinó $11 millones provenientes de la renegociación de los contratos petroleros. Sin embargo, la obra nunca se realizó. Este dinero, según se supo, ingresó a las cuentas generales, en lugar de quedar a resguardo en una cuenta aparte y específica, como se aconseja.

"La obra no está siquiera licitada y el dinero desapareció, no se sabe en qué se gastó", apuntó Tortoriello, y agregó: "Otra situación anormal es que el Municipio cierre su balance de gestión con un déficit de $26.500.000".

Tortoriello asegura que la deuda heredada ronda los $40 millones, si se suma la cantidad de legajos de proveedores impagos y los 11 millones faltantes. "Estamos gestionado recursos a nivel provincial y, sobre todo, nacional, con el BID y el Banco Nación para hacer la obra", comentó el intendente.

Asfalto en el arévalo
Una deuda que no para de crecer

Aunque el asfalto en el barrio Arévalo tuvo más suerte que en el San Pablo, el intendente Aníbal Tortoriello contó que, al iniciar su gestión de gobierno, tuvieron que hacer frente a compromisos que elevaron aún más la deuda que arrastran del año pasado, porque -según él- "no estaban los recursos previstos". En concreto, el jefe comunal puntualizó que durante octubre y noviembre no se le había pagado a la empresa a cargo de la obra, por lo que después hubo que abonar las certificaciones ya vencidas.

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