Una sentencia del STJ acorrala al Chiqui Forno

El cipoleño está libre, pero se le agotan los recursos para zafar.

El cabecilla de la megabanda condenado a 33 años de cárcel esta semana, José “Chiqui” Forno, vive días aciagos, con la firme posibilidad de ser detenido y empezar a cumplir las penas que acumula en su contra. Ayer trascendió que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) le denegó un recurso que había presentado en contra del fallo que lo castigó por cometer múltiples estafas con oficios truchos.

El primer veredicto condenatorio que arrastra Forno se remonta a mayo de 2017, cuando recibió una pena de 6 años por el delito de defraudación a la administración pública. Fue el round inicial que ganó la fiscalía local, con Gustavo Herrera a la cabeza, que se encargó de pedir un cambio de calificación por hechos que habían ocurrido en el 2002 y que Forno siempre negó.

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Sin embargo, los jueces de la ex Cámara en lo Criminal Primera de Cipolletti consideraron probado el delito atribuido al acusado y le impusieron el castigo de 6 años.

Debido a que la defensa había anticipado su protesta a la sentencia, Forno no quedó preso y la única limitación tuvo relación con una serie de pautas de conducta.

Luego, el empleado cesanteado del Poder Judicial rionegrino empezó a ser investigado por los robos y asaltos en la región, y finalmente fue llevado una vez más al banquillo de los acusados y condenado de manera contundente. Al igual que en el juicio anterior, al frente de las imputaciones estuvo el fiscal jefe Herrera.

La posibilidad de recurrir a distintas instancias favorecen a José “Chiqui” Forno, quien permanece en libertad.

Ahora y tras la resolución del STJ, Forno tiene menos posibilidades de recurrir el primer fallo en su contra y el Ministerio Público estará atento para reclamar la preventiva. De igual modo, el cipoleño buscará estirar los tiempos yendo a la Corte, como lo dejó asentado en los procesos desarrollados en el edificio de España y Urquiza.

En los próximos días se confirmará una posible impugnación de la última condena.

Una causa que respetó el debido proceso

El STJ se mostró muy duro en relación con la presentación elevada por el abogado particular de José Forno y señaló: “Se advierte que los agravios versan sobre temáticas que han sido abordadas y respondidas tanto en la sentencia de Cámara como en la confirmatorio que aquí se recurre”.

Según el máximo tribunal, “al tratar el agravio referido a la duración razonable del proceso y a la insubsistencia de la acción, este cuerpo analizó los argumentos desarrollados al respecto en la resolución condenatoria y concluyó que el juzgador había dado motivos acertados y suficientes para el rechazo de la cuestión preliminar formulada por la defensa, aplicando la doctrina legal vigente que impone la necesidad de evaluar la razonabilidad de los plazos en cada caso concreto, según sus particulares circunstancias”.

Por otra parte, revalorizaron la investigación del fiscal cipoleño Gustavo Herrera y remarcaron: “Este tribunal detalló los múltiples puntos que habían permitido determinar la complejidad del proceso y el porqué de las demoras que se verificaron en cada etapa, descartando a la vez que en algún momento la causa hubiera quedado inactiva, tanto en la persecución penal como en lo jurisdiccional”.

El protagonista de dos investigaciones

Apenas se conoció su condena por los oficios truchos, José Forno quedó en el centro de la investigación de la Brigada cipoleña por los robos en empresas y los asaltos en casas particulares de distintas localidades del Alto Valle. Después, mediante escuchas y otras pruebas, se comprobó que era uno de los cabecillas de la temible megabanda. Lejos de aceptar su culpa, el Chiqui negó los cargos en su contra y aseguró que era un “chivo expiatorio”. La Justicia local no le creyó y volvió a castigarlo.

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