Una familia se resiste al desalojo junto a sus vecinos

Tienen 3 hijos, uno de ellos autista, y dicen que no tienen adónde ir.

Una familia cipoleña que está al borde del desalojo judicial pelea por el acceso a una vivienda. No está sola porque cuenta con el apoyo de muchos vecinos y del frente popular Darío Santillán, quienes ayer se acercaron hasta la propiedad para evitar que se ejecute la orden. Piden que el Gobierno atienda su situación, de gran vulnerabilidad social.

Ella es inquilina y desde hace más de cuatro años que vive en una casa ubicada en Cinco Saltos 1834, en el barrio 130 Viviendas. La dueña no le renovó el alquiler y quiere que se vaya hace tiempo. Pero Soraya dice que no puede quedar en la calle con un marido, que no trabaja porque se repone de un cáncer, y tres hijos, de entre 14 y 18 años, uno de los cuales es autista.

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“Que alguien me ayude. Yo no puedo dejar esta casa. Para mudarme me piden recibo y garante y yo no tengo eso. En el IPPV no me quieren anotar porque hay mucha gente con discapacidad y quieren darme un alquiler por dos meses, sólo eso, en una propiedad muy reducida que no se ajusta a las necesidades de mi nene”, explicó Soraya Enriquez.

Mucha gente conoce a la vecina de vender pastelitos en la calle. Ese es su sustento. También trabaja en un comedor y dice que está dispuesta a pagarle hasta 10 mil pesos por mes a la propietaria de la casa que tiene que desocupar. “Nosotros tenemos voluntad de pago, pero la propietaria no quiere nuestro dinero, quiere que nos vayamos o le demos 2 millones de pesos por la venta de la casa”, aseguró.

5 integrantes tiene la familia que quieren desalojar.

Se trata de un matrimonio, ella vende pastelitos y él no trabaja porque se está reponiendo de un cáncer. Además, tienen tres hijos de entre 14 y 18 años. Uno de ellos es autista.

El contrato venció el 31 de diciembre de 2016. La parte demandante denunció que, desde esa fecha, la familia vive en el lugar sin pagar alquiler.

“Nosotros tenemos voluntad de pago, pero la propietaria no quiere nuestro dinero, quiere que nos vayamos o le demos 2 millones de pesos por la venta de la casa”.Soraya Enriquez, Inquilina a la que quieren desalojar junto a su familia

Sin embargo, la inquilina aseveró que el contrato fue renovado “de palabra” y que luego la propietaria no les quiso aceptar más el dinero. “Le pagábamos 8 mil pesos y en la última mediación le ofrecimos 10 mil, pero no quiso”, contó Soraya.

La mujer vive de la venta ambulante de pastelitos. Su marido no trabaja porque se está reponiendo de un cáncer.

La jueza ya ordenó que se deben retirar del lugar

Después de varias instancias judiciales para llegar a un acuerdo entre las partes y no lograrlo, la jueza que entiende el caso hizo lugar al pedido de desalojo.

“Pese a la realidad por la que atraviesa y las vicisitudes que plantea, lo cierto es que la actora cuenta con el sustento del marco normativo para hacer valer su derecho y llevar adelante el desahucio”, explicó la jueza civil Soledad Peruzzi.

La magistrada advirtió, además, que la demandada reconoce el vencimiento del contrato y la falta de pago de los meses posteriores. Sin embargo, por alguna razón, todavía no se cumplimenta la medida que ordenó en octubre de 2018, según obra en el expediente judicial abierto en relación con el caso.

Ayer, la abogada que representa a la familia inquilina hizo una presentación formal para frenar el desalojo previsto. Del expediente también surge que se solicitó la intervención a los organismos de asistencia social requeridos por la defensora de menores, sin obtener una medida excepcional que contribuya efectivamente para asistir a la familia demandada.

Por lo pronto, la orden de desalojo de la jueza ya fue impartida, mientras que ahora resta saber si se llevará a cabo o se podrá alcanzar un acuerdo superador.

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