Transas de las 1200 zafan de la cárcel por falta de pruebas

Todo surgió a partir de una denuncia de los vecinos al 0800 y la esperanza de ponerle fin a un kiosco de drogas que funcionaba en calle Manuel Estrada, en las 1200 Viviendas. La Policía confirmó las sospechas tras hacer tareas de vigilancia y decidió dar un golpe sorpresivo el 23 de septiembre de 2015. Más allá del procedimiento, el resultado fue pobre en cantidad de estupefacientes secuestrados y sólo un transa pudo ser llevado a juicio. La pena estuvo lejos de ser dura y el único acusado terminó condenado a un año y medio de prisión en suspenso.

Muchos vecinos de la ciudad se animan a realizar las denuncias anónimas al 0800-DROGA y dan detalles de los movimientos de los narcos en distintos barrios. Fue en ese marco que una persona brindó precisiones sobre la comercialización de estupefacientes en un departamento ubicado en Estrada al 1800 y reveló que la tarea era desplegada por dos jóvenes. “De las averiguaciones practicadas se desprende que en la finca investigada se observó diariamente a personas reunidas, ingiriendo alcohol, dialogando y fumando, efectuando maniobras típicas de ‘pasamanos’”, destacaron los integrantes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en un informe presentado a la Justicia.

A partir de las observaciones preventivas, se aguardaron las órdenes del Juzgado de turno y finalmente el 23 de septiembre de 2015 se avanzó con un operativo cuando uno de los sospechosos salió al exterior y atendió a dos personas que arribaron en moto. Apenas fueron demorados, uno de los recién llegados fue requisado y se le encontraron 19 envoltorios de marihuana, que pesaron un poco más de 94 gramos.

Ante la escasa cantidad de droga y una orfandad probatoria en relación con la supuesta comercialización, el único imputado se vio beneficiado por un cambio de calificación y se le adjudicó solamente el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes.

Tanto fiscalía como defensa coincidieron en concretar un juicio abreviado y el cipoleño, de 35 años, de oficio albañil, se mostró de acuerdo con la imputación en su contra.

Además de la pena de un año y medio de prisión de cumplimiento en suspenso, se dispusieron varias pautas de conducta para el acusado, como someterse al cuidado de un patronato de liberados y abstenerse de cometer nuevos delitos y de usar estupefacientes.

“En suma, no se verifican de las constancias de la causa elementos probatorios con entidad suficiente para afirmar en el caso la ‘ultraintención’ de comercio.”Armando Márquez. Juez de Cámara