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Tardaron meses en conectarle el gas y tendrán que pagarle

La empresa Camuzzi deberá indemnizar a un cliente de Río Negro por la demora y por no atender adecuadamente su reclamo.

Un rionegrino tuvo que recurrir a la Justicia porque la empresa Camuzzi, a cargo del suministro de gas, tardó varios meses en conectarle el servicio y además sufrió destrato por parte de los empleados de la firma. Ahora la empresa deberá indemnizarlo por daño punitivo.

Según explicaron desde el Poder Judicial, los hechos ocurrieron en plena pandemia de COVID-19, momento en el que los trámites se realizaban casi en su totalidad a través de la virtualidad.

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Solicitó el servicio en forma virtual, vía mensajes de texto, en virtud de los protocolos por la pandemia. Ante atrasos, la empresa culpó al instalador matriculado. El cliente, luego de su derrotero de reclamos sin resultados positivos, en forma virtual y presencial, a ENARGAS y las Defensorías del Pueblo provincial y nacional, decidió iniciar un trámite de menor cuantía para lograr un resarcimiento por los daños y perjuicios que la demora en la prestación del servicio.

Ya en el expediente, Camuzzi negó los hechos y manifestó que la jurisdicción no era provincial ya que se trataba de una actividad regulada por leyes nacionales, por lo que correspondía que tramitara en tribunales federales.

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Argumentó, asimismo, que en los tres meses que tardó la conexión (comenzó en invierno y culminó en primavera) se detectaron inconvenientes en “la ejecución de los trabajos de la instalación interna por parte del Instalador Matriculado contratado”:

En la audiencia convocada por el Juzgado de Paz de Viedma no se llegó a un acuerdo entre las partes.

El fallo del Juzgado de Paz de Viedma destaca “el contexto de pandemia, sea para solicitar el servicio o para realizar reclamos, de ninguna manera puede servir de excusa para no cumplir con esta obligación a cargo de los proveedores, la digitalización no debe, ni puede ser una brecha utilizada por las empresas prestadoras de servicios en perjuicio de sus clientes, sino por el contrario, debe ser un canal de acercamiento entre consumidores y proveedores”.

“Los usuarios de servicios públicos domiciliarios tienen una evidente situación de desigualdad estructural frente a los proveedores, los que en su mayoría son prestadores monopólicos, cuya prestación no puede ser prescindida por los usuarios, dada su indispensabilidad para la vida cotidiana”, remarca la resolución.

La Ley de Defensa del Consumidor expresa que las acciones de consumo deben tramitar siguiendo las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción correspondiente.

Respecto al conflicto en si, “de la prueba documental aportada por la el cliente (capturas de pantalla de conversaciones con la prestadora), que no fue desconocida por la parte demandada, surge el evidente destrato que sufrió el usuario al realizar su reclamo y la falta de información cierta, clara y detallada por parte de la empresa, lo que derivó en un derrotero de solicitudes por diferentes vías a fin de obtener una respuesta que le permita poder planificar su rutina diaria y concretar su proyecto de vida familiar”.

Recordó que “el derecho a la información constituye la columna vertebral de la relación de consumo”. En este caso, “teniendo al alcance la información íntegra que surge de los sistemas informáticos de la empresa, no explicó con claridad las razones de la demora en la conexión del servicio para que él pueda solucionarlo”.

De esta manera, condenó a Camuzzi a abonar un resarcimiento por daños y también por daño punitivo.

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