Rechazan amparo para suspender el aborto de su ex pareja en Bariloche

El hombre, denunciado por violentarla durante 15 años, pidió que no se aplique la ILE. La Justicia lo rechazó porque entienden que la decisión es de la mujer y del equipo médico que la asiste.

La Justicia de Bariloche, rechazó el Recurso de Amparo presentado por un hombre que pidió la suspensión de la interrupción legal del embarazo de su ex pareja. La mujer es víctima de violencia familiar y pidió acceder al aborto. Para la jueza “el embrión no puede ser entendido como persona”, y quienes deben tener decisión son la mujer y el equipo médico.

La jueza María Marcela Pájaro rechazó el pedido de un hombre quien solicitaba que se impidiera a su ex realizar la interrupción legal de su embarazo de tres meses. El fallo sostiene que el demandante “carece de legitimación para instar la acción” del amparo, “no puede incidir en la decisión más que la propia embarazada y los profesionales que la asistan”, y para colmo “ni siquiera tiene certeza de ser el padre”.

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El fallo está vinculado a un expediente de violencia familiar que tramita en ese mismo juzgado. El demandante “plantea acción constitucional con el objeto de que la mujer–quien fuera su pareja y a quien califica de ‘exmujer’– no interrumpa el embarazo de 3 meses que estaría cursando”.

Según Página12, Pájaro dispuso “rechazar el amparo”, apoyada en cuatro “razones conjuntas”. La primera tiene que ver con que “el actor carece de legitimación”. El solicitante pide el amparo por la vida del embrión. La jueza sostiene que “aún cuando el art. 19 del CCyC (Código Civil y Comercial) marca el comienzo de la vida con la concepción, la calidad de persona se adquiere con el nacimiento ya que de no producirse se considera que la persona nunca existió.”

Para reforzar su decisión, recordó el caso “Artavia Murillo”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana.

Pájaro sostiene que por lo tanto el hombre “no está legitimado” ya que “recién a partir del nacimiento” podría detentar un “eventual derecho”. Y la jueza agrega que además “en su presentación, P. (el demandante) ha dejado entrever que ni siquiera tiene certeza de ser el padre”, y cita el acta del peticionante que solicita que “... se le impida efectuar tal acto (la ILE) a fin de que, cuando nazca el bebé practicarse el ADN correspondiente y, en caso de que ella no desee criarlo, hacerse cargo del niño.”

“En el derecho nacional –sostiene la jueza–, “el hombre no puede incidir en la decisión más que la propia embarazada y los profesionales que la asistan.”

La segunda razón que sostiene la decisión de la jueza se basa en el fallo F.A.L./2012 de la Corte. La interrupción legal del embarazo es un asunto que le corresponde a los profesionales de la salud, siendo la judicialización un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego.

La tercera razón es el “contexto de violencia”. La jueza sostiene que “se halla verificada la violencia de género, en que la Sra. es víctima y el Sr. victimario”. Señala que el equipo de su juzgado produjo un informe en el que se constató que la mujer estaba inmersa en un círculo de violencia durante más de 15 años, y que se comprobó incluso “violencia infanto - juvenil de tipo psicológica y física hacia los hijos”.

Por último, cita el artículo 51 del Código Civil, que “declara la inviolabilidad de la persona humana y el derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. Describe que “el principio de inviolabilidad de la persona se sustenta en el de autonomía, y se describe como la proscripción de imponer a la persona contra su voluntad, sacrificios y privaciones que no redunden en su propio beneficio.”

Y sostiene que por lo tanto, “la pretensión de que alguien lleve adelante un embarazo para satisfacer intereses de quien eventualmente podría ser el padre de la persona por nacer, resulta violatorio de estos preceptos y llevan sin más a la desestimación del planteo, también con fundamento en el propio Código Civil.”

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