Río Negro endurece el control: exoneró a 6 empleados públicos y echó a 82 ñoquis más

El Gobierno de Río Negro informó que se tramitó más de 900 expedientes administrativos en el marco de la política de ordenamiento del Estado. Como resultado, se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, entre 2024 y lo que va de 2025.

Desde la Secretaría de la Función Pública explicaron que las medidas forman parte de una estrategia sostenida para mejorar el funcionamiento del sector público y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los agentes.

“Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública. Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho”, señaló la secretaria del área, Tania Lastra, quien agregó que el objetivo es “respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea”.

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Sumarios y sanciones: cómo es el proceso

Durante el período analizado, se iniciaron 172 nuevos sumarios administrativos y se dictaron 86 suspensiones preventivas. A su vez, 70 agentes fueron sobreseídos y 193 expedientes fueron archivados al no acreditarse incumplimientos, lo que —según el Gobierno— demuestra que el proceso “ofrece garantías de defensa y transparencia”.

Cada caso es evaluado por instructores letrados, quienes realizan una investigación interna antes de aplicar cualquier sanción. “El objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los compañeros que sí cumplen con sus tareas”, añadió Lastra.

Faltas y sanciones más frecuentes

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia variedad de incumplimientos, desde faltas graves en el servicio (ausencias injustificadas, negligencia en la gestión, desatención de tareas o mal uso de insumos públicos) hasta inconductas en el ámbito laboral, como malos tratos, insultos o peleas entre compañeros.

Las sanciones más severas corresponden a la cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso después de cinco años, y la exoneración, que inhabilita de forma definitiva para volver a trabajar en el Estado. Esta última se aplica en casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme. En uno de los casos recientes, se exoneró a un empleado condenado por violencia de género.

Composición de la Junta de Disciplina

La Junta de Disciplina, organismo encargado de resolver los procesos administrativos, está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN, lo que —según la Secretaría— garantiza la transparencia en la toma de decisiones.

“El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día”, concluyó la secretaria Tania Lastra.