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Prevención de la Tortura: cárceles y comisarías de Río Negro bajo la lupa

Especialistas de un comité nacional recorren unidades. Instan a poner en marcha un organismo en la provincia para garantizar el respeto a los derechos humanos.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inició esta semana una serie de inspecciones en cárceles y comisarías de Río Negro, para verificar el cumplimiento a una serie de recomendaciones realizadas meses atrás, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos en las unidades de detención de la provincia.

Roca y Viedma fueron las ciudades elegidas por el organismo para sus visitas, que también incluyeron reuniones con el vicegobernador, Pedro Pesatti, y con autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

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“Río Negro no escapa a situaciones que se repiten a lo largo de las provincias, situaciones de superpoblación en los espacios de detención. Esta es una problemática principal, lo que primero aparece cuando visitamos estas detenciones es la superpoblación”, explicó Kevin Nielsen, comisionado del Comité.

La comitiva de especialistas permanecerá hasta este viernes en la provincia, para elaborar luego un informe sobre la situación observada y definir si existen nuevas recomendaciones para hacer ante el Gobierno de la provincia.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un espacio que depende del Senado de la Nación y que desde su creación, en 2017, ya hizo inspecciones en todos los distritos del país.

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"La justicia no debe ser una puerta giratoria", sostienen los legisladores.

Sobre el escenario encontrado durante esas recorridas, Nielsen destacó en una entrevista con CNN Radio Roca que “en muchas provincias la estancia en comisarías es muy prolongada y las condiciones en las que se cumple la detención no permite el acceso a derechos básicos y fundamentales, como por ejemplo la atención a la salud”.

El informe realizado por el organismo en el 2023 sostiene que “la saturación del sistema de encierro penal se vincula con el uso de institutos procesales como la prisión preventiva y la denegatoria de otros, como las medidas alternativas a la privación de libertad y los egresos anticipados. Esta situación, junto con otros factores, contribuye a la prisionización en exceso y evidencian una política criminal cuya permanencia a lo largo de los años consolida el crecimiento poblacional y, por consiguiente, el colapso de los sistemas de encierro”.

El trabajo del Comité no sólo se centra en las inspecciones para verificar las condiciones de cárceles, comisarías u otros espacios donde existen personas alojadas, sino que también alcanza a los sistemas de formación del personal de esas dependencias del Estado.

Nielsen destacó que “una de las herramientas principales para prevenir las graves violaciones de derechos humanos en estos contextos es la formación de las policías, de los servicios penitenciarios”.

En ese sentido, destacó que la formación es, por ejemplo, en técnicas adecuadas del uso de la fuerza “para que no existan excesos y abusos en el uso de la fuerza pública”.

“Otro tipo de formación que damos es en perspectiva de género o en interculturalidad, es decir, cómo las policías lidian con detenidos o detenidas que están en una particular situación, por ejemplo, las personas que pertenecen al colectivo de la diversidad, las personas que a su vez sufren violencia en razón de género o las personas que pertenecen a comunidades indígenas o pueblos originarios”, amplió.

Los comités de Río Negro y de Neuquén

Por último, el comisionado destacó la importancia de que se generen ámbitos provinciales para reforzar el trabajo de prevención de la tortura.

“Es clave porque es uno de los motivos de nuestra visita aquí a la provincia es el impulso de la puesta en funcionamiento del comité local de prevención de la tortura. Río Negro fue, paradójicamente, una de las primeras provincias de tener una ley de creación en cumplimiento del pacto internacional pero no existe un mecanismo local y provincial que realice esta misma tarea”, advirtió.

Actualmente, en Argentina son 16 provincias las que tienen mecanismos locales de prevención y entre ellas está Neuquén.

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