La Defensoría expuso los reclamos más graves: ¿cuáles son y quiénes son los más afectados?
Qué reclamos tienen los rionegrinos y en qué áreas. Los datos que arrojó el informe de la Defensoría del Pueblo ante la Legislatura.
La Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó el informe anual 2023/2024 ante la Legislatura.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó ante la Legislatura su Informe Anual de Gestión 2023-2024, un documento que vuelve a revelar el pulso de las demandas sociales en un año atravesado por la crisis económica, los aumentos tarifarios y las dificultades de acceso a prestaciones esenciales.
Con 5.216 gestiones tramitadas y un 95% de resolución efectiva, el organismo delineó cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía y qué sectores concentran mayor conflictividad.
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La defensora, Adriana Santagati fue la encargada de dar a conocer los datos.
Salud pública, el reclamo que no cede
Por quinto año consecutivo, el área de Salud Pública se mantiene al tope de las consultas, representando el 19% del total. Las demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, sumadas a la falta de prótesis e insumos quirúrgicos, marcaron una constante. El informe atribuye este escenario a restricciones presupuestarias y a dificultades en la cadena de suministros, que impactaron de lleno en pacientes con necesidades urgentes y tratamientos prolongados.
El capítulo dedicado al IPROSS encendió nuevas alarmas en cuanto a la cobertura real de medicamentos. Según precisó la Defensoría, se encuentra entre el 9% y el 11%, muy lejos del 50% previsto por la Ley 2.753. A esto se sumaron quejas por demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis, situaciones que prolongan la espera de pacientes y familias.
En salud mental, las cifras también fueron motivo de alerta. De 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, se vincularon a episodios de riesgo de heridas auto infligidas. Como aspecto positivo, Santagati destacó la finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno, en línea con las políticas de desinstitucionalización.
La baja cobertura de medicamentos por parte del IPROSS es una de las preocupaciones de los rionegrinos.
Tarifas y servicios públicos: una presión que golpea el bolsillo
Los servicios públicos se ubicaron como uno de los puntos más álgidos del informe. La Defensoría cuestionó los incrementos derivados de las políticas nacionales de desregulación, especialmente por la falta de gradualidad y equidad territorial en un contexto climático extremo como el patagónico.
Los aumentos en gas (en algunos casos escalaron hasta el 486%) impactaron tanto en hogares como en comercios. En electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. El servicio de agua tampoco quedó afuera: casi la mitad de las gestiones estuvo motivada por errores de facturación. Frente a este panorama, el organismo volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema tarifario y avanzar hacia un sendero de mayor previsibilidad económica.
Los altos costos de las tarifas de servicios esenciales y errores en la facturación fueron motivo de intervenciones.
Estafas digitales y débitos indebidos
Los reclamos vinculados al consumo mostraron una tendencia creciente hacia problemas financieros y bancarios: débitos indebidos, créditos no solicitados y mala atención ocuparon los primeros lugares.
Las estafas digitales representaron el 16,3% de los reclamos y continúan en aumento, confirmando que este escenario se consolidó como uno de los principales desafíos para la protección de usuarios y consumidores.
Ambiente, educación e infraestructura
El apartado ambiental, aunque de menor volumen, tuvo fuerte peso político y territorial. La Defensoría intervino en audiencias vinculadas a proyectos mineros, reclamando mayor transparencia y participación social. También actuó durante la crisis por influenza aviar en Punta Bermeja y remarcó la urgencia de ejecutar obras estratégicas de saneamiento, en especial en El Bolsón.
En educación, el organismo relevó 98 edificios escolares y en la mayoría detectó problemas edilicios, filtraciones, fallas de calefacción y demoras en mantenimiento. Se recibieron además reclamos por apertura de cursos y por falta de respuestas institucionales a familias y comunidades educativas.
Más de 98 edificios escolares relevados, dejaron cuenta de malas condiciones edilicias en Río Negro.
Modernización del organismo y un mensaje político
El informe también subrayó avances dentro de la Defensoría del Pueblo como la implementación del sistema GDE, tableros de control, georreferenciación de reclamos, capacitaciones internas, un nuevo sistema digital de haberes y convenios para mayor eficiencia energética.
Al cierre de su exposición, Santagati señaló que las demandas sociales deben transformarse en políticas públicas eficientes y sostenidas en el tiempo. “El desafío es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad”, afirmó.
Ya finalizado el acto, el vicegobernador Pedro Pesatti felicitó a Santagati y destacó especialmente que hablara de “compasión”, asegurando que “es mucho más fuerte que empatía” y que recuperar ese concepto “es lo que le está faltando a nuestra comunidad”.
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