Caso "falsa médica": la defensa de Mariela Marzano denunció irregularidades

La defensa de Mariela Marzano, la mujer denunciada penalmente por el Ministerio de Salud de Río Negro por presunto ejercicio ilegal de la medicina, cuestionó duramente el avance de la causa sin que se haya realizado aún una formulación de cargos. En este contexto, solicitó de forma urgente revisar las medidas cautelares que actualmente pesan sobre la acusada.

El planteo fue detallado por el abogado defensor Oscar Pineda en declaraciones al programa “Mañana de Noticias”, de Literal Radio. La entrevista se otorgó un día después de la audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial de Roca, donde el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que el expediente sea remitido al fuero federal.

"No ha habido formulación de cargos": el reclamo central de la defensa

El abogado penalista sostuvo que el expediente atraviesa una etapa irregular dentro del proceso penal, debido a que todavía no se concretó la audiencia de formulación de cargos. Esta instancia es clave para comunicar de manera formal a un ciudadano los hechos que se le atribuyen y permitirle ejercer su derecho a la defensa.

“Acá no ha habido formalización de cargo. Es fundamental. La primera garantía que tiene un ciudadano se llama garantía del hecho, es saber circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de un acto procesal que se llama formalización de cargo”, afirmó Pineda.

El defensor remarcó que hasta el momento sólo conoce “la versión de la fiscalía” y señaló que recién después de una acusación formal podrá evaluar la evidencia reunida por los investigadores. “Formalíceme cargo y yo de ahí obviamente voy a tomar en serio la evidencia y el hecho que me está planteando y el encuadramiento jurídico”, exigió.

Cuestionamientos a la tobillera electrónica y la inhibición de bienes

Mariela Marzano recuperó la libertad en abril, luego de permanecer 48 horas detenida, pero quedó sujeta a severas restricciones. Actualmente, la imputada tiene colocada una tobillera electrónica, se le retuvo el documento de identidad y pesa sobre ella una inhibición general de bienes.

Para la defensa, sostener estas medidas restrictivas sin una imputación formal resulta inadmisible:

• Afectación de derechos: “Le están planteando una inhibición general de bienes que afecta el derecho de propiedad y una pulsera electrónica que afecta la libertad”, señaló el letrado.

• Falta de antecedentes: Al ser consultado sobre si existían antecedentes de cautelares tan severas aplicadas antes de una acusación formal, Pineda fue tajante: “La verdad que no he encontrado antecedentes”.

Ante esta situación, la defensa presentó un recurso ante el Tribunal de Impugnación para revertir las medidas, argumentando que este reclamo debe resolverse antes de definir si la causa pasa o no a la órbita federal.

El conflicto de competencia y el riesgo de mayores demoras

Durante la última audiencia en la Ciudad Judicial de Roca, el equipo fiscal argumentó que la causa debe tramitarse en el fuero federal porque involucra la validación de títulos extranjeros, documentación universitaria y trámites realizados ante organismos nacionales.

Si bien Pineda explicó que la defensa también coincide en que existe una cuestión federal en el expediente —planteo que realizaron de forma subsidiaria—, advirtió que el traslado del caso podría paralizar la resolución de la situación procesal de Marzano:

• Si la Justicia provincial se declara incompetente, el expediente va a la Justicia federal.

• Si el fuero federal rechaza el caso, se genera un conflicto positivo o negativo de competencia que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esta señora va a estar con medidas restrictivas y no se le imputará un cargo”, alertó el defensor respecto a los plazos que podría demandar dicha discusión institucional.

La estrategia de la defensa y las causas por presunta mala praxis

Respecto al fondo de la denuncia del Ministerio de Salud sobre la obtención de la matrícula profesional y el ejercicio de la medicina, Pineda evitó adelantar la estrategia procesal. “Eso no lo puedo decir porque forma parte del secreto profesional”, respondió, aunque calificó el estado actual de la investigación como insuficiente: “Nosotros tenemos simplemente una hipótesis que ni siquiera reúne las condiciones mínimas”. Asimismo, abrió la puerta a que se analicen responsabilidades de carácter administrativo.

Por otra parte, el abogado se refirió a las denuncias paralelas por presuntos casos de mala praxis médica, las cuales continuarán bajo la órbita de la Justicia ordinaria de la provincia. Pineda subrayó que en esas actuaciones tampoco hay formulación de cargos y cuestionó los elementos probatorios para ligar la atención médica con los decesos denunciados.

“El nexo causal entre la práctica que se realizó y el resultado muerte adolece de defectos”, afirmó, concluyendo que dichas investigaciones “no van a llegar a ningún resultado, salvo el sobreseimiento”.

La resolución del conflicto quedó ahora en manos de la jueza Natalia González, quien deberá definir el próximo martes si acepta el planteo de incompetencia de la fiscalía y ordena el pase definitivo del expediente al fuero federal.