Allen: Figueroa asumiría la intendencia antes del fin de semana
Se formalizó este lunes la ordenanza que dispone la suspensión del intendente sin goce de haberes. En paralelo, el Procurador General dictaminó sobre el conflicto institucional.
Fabían Figueroa, intendente interino debiera de asumir formalmente su cargo antes del próximo viernes.
La crisis institucional en Allen tuvo un punto de inflexión este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de la ordenanza que dispone la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, en medio de una causa penal en su contra.
La medida establece que el jefe comunal deberá apartarse de sus funciones, en un proceso que, según la normativa, debería concretarse en un plazo breve, mientras se define su situación judicial.
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Con este paso administrativo, comienza a correr el plazo establecido por la Carta Orgánica Municipal.
Se esperaba que si el Presidente Javier Milei decretaba feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina, la asunción de Fabian Figueroa como intendente interino, sería el lunes 27 de julio. Sin embargo, la medida no fue concretada y el plazo de los cinco días hábiles se cumpliría este viernes.
Un revés judicial que lo deja a Román cada vez más afuera
Paralelamente, el conflicto también se dirime en el ámbito judicial. La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro habilitó la feria judicial para tratar la presentación realizada por Marcelo Román, quien solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza que dispuso su suspensión preventiva y planteó un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Mientras avanza el trámite administrativo previsto por la Carta Orgánica Municipal, la resolución que adopte el máximo tribunal provincial también podría tener incidencia en el desarrollo del proceso institucional que atraviesa el municipio de Allen.
Confusión política y disputa por el poder
A pesar de la claridad del texto oficial, el escenario político sigue marcado por la incertidumbre, debido a la negativa de Román a aceptar el apartamiento y la disputa sobre quién ejerce efectivamente el Gobierno.
Las interpretaciones contrapuestas generan un clima de confusión que impacta directamente en la administración municipal, con áreas que aún esperan definiciones concretas sobre la conducción política.
Este contexto alimenta la crisis institucional, que ya no se limita al plano político sino que comienza a afectar el funcionamiento cotidiano del Estado local.
El Procurador avala tratar el caso como conflicto de poderes
El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, emitió el Dictamen Nº 98/26 en el que concluye que la presentación impulsada por el intendente de Allen reúne los requisitos necesarios para ser tratada como un conflicto de poderes.
Según el análisis del titular del Ministerio Público, corresponde que el Superior Tribunal de Justicia intervenga de manera originaria para resolver la controversia institucional entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de esa ciudad.
El planteo central, detalló Crespo, radica en determinar si existió una invasión de competencias propias del Poder Ejecutivo por parte del Concejo Deliberante, en el marco de las decisiones adoptadas recientemente por el cuerpo legislativo local.
En ese sentido, el dictamen analiza la medida que derivó en la suspensión del intendente, lo que generó un fuerte conflicto político e institucional en Allen, con derivaciones judiciales que ahora podrían escalar a la máxima instancia provincial.
El rol del Superior Tribunal de Justicia
El Procurador sostuvo que, de habilitarse la instancia por conflicto de poderes, ello no impide avanzar también en el análisis de constitucionalidad de las normas cuestionadas en la presentación realizada por el jefe comunal.
En esa línea, explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es mixto, lo que habilita tanto el control concentrado como el difuso. Por ello, cualquier juez puede intervenir si detecta una colisión con la Constitución.
Antecedentes y fundamentos jurídicos
Para respaldar su postura, Crespo citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que establecen criterios sobre conflictos de poderes y alcance de las competencias institucionales.
El dictamen remarca que la naturaleza jurídica del caso encuadra en un conflicto entre órganos del Estado municipal, lo que habilita la intervención directa del máximo tribunal provincial para dirimir la disputa planteada.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras la demanda presentada por el intendente el pasado 13 de julio, en la que denunció un exceso del Concejo Deliberante al suspenderlo en el ejercicio de sus funciones.
La medida fue adoptada mediante la Ordenanza N.º 44/2026, sancionada en una sesión extraordinaria el 8 de julio, que dispuso su suspensión preventiva sin goce de haberes hasta que exista una sentencia definitiva en una causa penal.
En su presentación judicial, el jefe comunal solicitó la nulidad absoluta de la ordenanza, al considerar que vulnera principios constitucionales y excede las atribuciones del órgano legislativo municipal.
Con el dictamen del Procurador General, el caso suma un nuevo capítulo y queda a la espera de una definición del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si existió un conflicto de poderes y cómo se reordenan las competencias en Allen.
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