Pasó de imputado a víctima de la policía en un abrir y cerrar de ojos por falta de pruebas

Un hombre que había sido imputado por atentado contra la autoridad quedó sobreseído luego de que la fiscalía admitiera la falta de pruebas y retirara la acusación. El caso se inició a partir de un informe policial que lo señalaba como agresor, pero con el avance de la investigación se comprobó que no existían evidencias que sustentaran esa versión.

Por el contrario, el imputado certificó lesiones provocadas por el personal policial, mientras que el agente denunciante no pudo probar las heridas que alegó haber sufrido. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la desvinculación definitiva del acusado, lo que fue avalado por la jueza de Garantías, Amorina Liliana Sánchez Merlo.

El hecho que originó la causa ocurrió el 2 de septiembre de 2024 en la localidad de Fernández Oro. Según la acusación inicial, personal policial se presentó en el domicilio de F.N.S para notificarle una medida dispuesta por la jueza de Paz Gabriela Rodríguez. En ese momento, el hombre habría reaccionado con violencia, propinando golpes a los agentes y dejando a uno de ellos inconsciente en el suelo.

¿Y las pruebas?

Sin embargo, con el avance de la investigación, la fiscalía determinó que no existían pruebas concluyentes para sostener la acusación. La fiscal Alejandra Altamira expuso en la audiencia que el policía denunciante, el agente A. S., adujo haber sufrido una lesión en su mano, pero no logró acreditar esa circunstancia más allá de su testimonio.

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Los conflictos se desataron en la pareja de policías porque la hija adolescente de la mujer aseguró que el hombre la manoseaba.

Archivo

En contraste, el acusado presentó certificaciones médicas que confirmaron lesiones provocadas por el personal policial, lo que dio origen a una investigación paralela. ¿La policía le mintió a la fiscalía?

Ante este escenario, la fiscal solicitó el sobreseimiento de S. en los términos del artículo 155, inciso 6, del Código Procesal Penal, argumentando que no había posibilidad de incorporar nuevos elementos que permitieran sostener la acusación. La defensora oficial adjunta Patricia Fernández coincidió con el planteo y agregó que su representado no tenía antecedentes condenatorios.

Al momento de resolver, la jueza Sánchez Merlo señaló que la disponibilidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, que debe actuar con objetividad. En este caso, la fiscalía evaluó la debilidad probatoria y decidió no continuar con la persecución penal.