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La acusa de serle infiel con el vecino y lo terminaron echando de la casa

La mujer sostuvo que el hombre consume drogas y se asustó cuando lo vio afilar un machete. Teme por ella y por sus hijos. La Justicia de Paz dictó medidas para resguardarlos.

Un hombre de Balsa Las Perlas fue excluido del hogar familiar luego de que su pareja lo denunciara por hechos de violencia. La presentación la efectuó el último martes 16 de diciembre en la Subcomisaría 82 del poblado cipoleño.

De acuerdo a lo que afirmó la mujer, RJA -el acusado- “está obsesionado” con que ella “lo engaña con un vecino”, un tema “recurrente” que genera discusiones

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Destacó que la madrugada en que concurrió a la policía lo sorprendió cuando “afilaba un machete mientras observaba la casa del vecino” que le despierta celos, lo que le generó temor.

Aseguró que tiene mucho miedo porque además RJA consume drogas y cuando se encuentra bajo sus efectos le expresa que “ella y sus hijos se encuentran en peligro lo cual la atemoriza aún mas”.

Violencia de género
La mujer denunció a quien era su pareja por violencia de género. Dijo que la agredió porque recibió un mensaje en su celular.

La mujer denunció a quien era su pareja por violencia de género. Dijo que la agredió porque recibió un mensaje en su celular.

La denuncia obedece a lo que establece la ley 3040, que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, por lo que tomó intervención del Juzgado de Paz a cargo de Laura Pino, quien dictó medidas cautelares para resguardar a la víctima.

Sostuvo entre los fundamentos que “se encuentra en evidente estado de vulnerabilidad en razón del género, grupo éste especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos allí incorporados”.

Fuera de la casa familiar

En primer lugar dispuso expulsar al hombre de la casa y solo le permitió retirar sus pertenencias personales (ropa y documentación), con el acompañamiento de efectivos policiales. Además comunicó lo resuelto a la Fiscalía para que verifique la posible comisión de un delito.

Sumado a ello le ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio de la señora, mientras que deberá mantener una distancia prudencial en los lugares donde se encuentren, ya sean público o privados. Todo por el término de 90 días. Tampoco deberá provocar agresiones, hostigamientos u otros actos molestos mediante llamadas telefónicas o mensajes por rede sociales.

Le advirtieron que en caso de incumplimiento podría merecer penas previstas en la normativa, como arresto, multa económica o trabajos comunitarios. En este sentido, también podría incurrir en el delito de desobediencia y de detectarse que tuvo la “clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas”, deberá responder al Ministerio Público Fiscal.

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En este marco, estableció la magistrada que ambas partes deberán presentarse a entrevistas para de evaluar si requieren iniciar tratamiento psicólogo. Sugirió recurrir al servicio de Salud Metal del hospital de su domicilio o tramitarlo en su obra social particular si la tuviera. De cualquier modo deberán acreditar el cumplimiento a la Unidad Procesal de Familia, organismo al que también Pino le dio intervención. En esta instancia deberá contar con el asesoramiento de un abogado particular o en caso de dificultades económicas podrán requerir la asistencia de un Defensor Oficial.

En tanto, solicitó el auxilio de la fuerza publica para dar cumplimiento a lo ordenado y aclaró que en caso de urgencia la mujer deberá comunicarse al teléfono de la Subcomisaría 82.

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