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Polémica por recolección de firmas

Los vecinos autoconvocados de Cipolletti aseguraron que el petitorio que impulsaron por mayor seguridad "no tiene nada que ver" con el que entregó el Municipio a la flamante comisión Interpoderes de Río Negro.

Sostuvieron que en breve harán las gestiones para presentar las planillas a las autoridades del Ejecutivo, la Legisltura y la Justicia provincial. 
 
Desde el grupo de vecinos autoconvocados de Cipolletti aclararon que el petitorio que entregó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Darío Bravo, a la comisión Interpoderes de Seguridad de Río Negro no tiene “nada que ver” con la recolección de firmas que impulsaron luego de la primera movilización tras el asesinato del comerciante Claudio Araya. 
En este sentido, explicaron que las planillas que dispusieron en distintos puntos de la ciudad se terminaron de completar el lunes y que hasta anoche estaban abocados al recuento final.
Agregaron que en breve harán las gestiones para presentar su petitorio ante las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. Allí se expone la necesidad de que el Estado genere políticas eficientes y claras en la prevención del delito en la ciudad. 
Además, los autoconvocados designaron una comisión directiva que tiene a Oscar Nivella como presidente, a Liliana Villegas como secretaria y a Juan Bulnes en Prensa y Tesorería.    
El martes, en la Legislatura rionegrina se constituyó la comisión Interpoderes de Seguridad. Según indicó su flamante presidente y titular del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, el objetivo es “establecer un ámbito, del que participan los tres poderes del Estado y la oposición parlamentaria, con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas vinculadas a la materia”.
 
Tres mil adhesiones
Allí, se recibió y se leyó una nota remitida por el Municipio cipoleño que, con el aval de tres mil firmas de vecinos, elevó un pedido formal a los tres poderes del Estado para “la búsqueda de soluciones que den respuesta de fondo a todo tipo de hecho delictivo en pos de mayor seguridad ciudadana”.
Pesatti informó que la misiva es consecuencia de “hechos que han sucedido en Cipolletti en los últimos meses” como el homicidio de Araya. 
En este sentido, sostuvo que se responderá “con respuestas concretas por la vía formal” al tiempo que anticipó que no se descarta la posibilidad de que la comisión viaje a esta ciudad para tomar contacto directo con las autoridades locales.
El documento, que fue entregado por Bravo, “en nombre del intendente Abel Baratti y de la comunidad”, contiene diez puntos en los que se peticiona mayor presencia policial, la modificación del código procesal penal y la designación de un juez de ejecución con asiento en Cipolletti.
En cuanto al magistrado, Pesatti manifestó: “Es un cargo que se cubrirá en las próximas semanas pues el 3 de mayo se inicia el proceso para el concurso de oposición y antecedentes”.
En el petitorio, los vecinos también reclaman el mejoramiento de los controles de las salidas otorgadas a los condenados a través del Patronato de Liberados, los gabinetes criminológicos y consejos correccionales, la modificación y la actualización del digesto contravencional de la Provincia.

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