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Pidieron penas para usurpadores condenados

Para el único de los tres hombres que tenía antecedentes penales, la fiscalía requirió la pena de un año de prisión efectiva.

El Ministerio Público Fiscal solicitó, en la audiencia de cesura correspondiente, las penas de prisión que considera deben imponerse para los tres hombres que ya fueron condenados el 14 de mayo pasado por el delito de usurpación a los terrenos privados ubicados en la intersección de las Rutas provincial 1 y Nacional 3.

Para el único de los tres hombres que tenía antecedentes penales, la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen requirió la pena de un año de prisión efectiva; para quien se presentaba como referente de los usurpadores pretende la imposición de un año y medio de prisión en suspenso y seis meses menos para el tercero de los condenados.

En los alegatos efectuados para argumentar tales requerimientos, la Fiscal mencionó la finalidad económica del delito perpetrado, destacando que aunque la defensa “intentó derivar la discusión hacia un problema de vulnerabilidad social, no ha podido demostrar en el debate que los tres imputados padezcan tal situación”.

“Los tres tienen domicilio y un lugar donde vivir fuera de la toma y sabemos también que trabajaban o recibían ayuda del municipio”, agregó. Además expresó que la pandemia no justifica la usurpación “porque las restricciones al trabajo y a la circulación en nuestra ciudad ya estaban casi derogadas antes de que se generara la toma”.

En cuanto a la naturaleza del delito, la Fiscal explicó que “ingresaron de forma clandestina porque sabían que estaban cometiendo un delito y, no obstante, continuaron con la comisión del mismo hasta que un juez dispuso el desalojo, recién ahí se retiraron” mientras que en relación a la extensión del daño mencionó que la toma “causó perjuicio económico a los propietarios de la tierra que no pudieron continuar con el desarrollo habitacional previsto y vender terrenos”.

Además manifestó que “decenas de personas siguieron el ejemplo de estos tres imputados y aún persisten instalados en el lugar imposibilitando el desarrollo”.

Al diferenciar la situación de las tres personas habló de los antecedentes penales que tiene uno de ellos y el papel protagónico que ocupó otro, “dando incluso notas en los medios de comunicación y asistiendo como referente y organizador del grupo a las reuniones que se organizaron para avanzar en soluciones alternativas”. No obstante fue enfática al aclarar que los tres “delinquieron para tener un terreno sin pagar por él”.

“La necesidad no justifica ni el delito ni el ataque, ninguno de ellos fue a vivir a la toma, uno de ellos levantó dos casillas … si sólo buscaba un lugar donde vivir por que levantó dos y no una”, se preguntó antes de requerir la pena. Finalmente, entre las pautas de cumplimiento de una eventual condena de modalidad condicional, requirió la realización de tareas comunitarias.

La querella adhirió a los dichos de la Fiscalía y la Defensa, en tanto, requirió la pena mínima prevista para el delito de seis meses de prisión condicional.

La voz del damnificado

Antes de iniciar la instancia de alegatos, participó en la audiencia en calidad de testigo el propietario de los terrenos usurpados quien habló de la planificación que tiene el predio contando como fue el proceso de instalación de servicios que se extendió durante tres años, todo lo cual se frenó con la usurpación.

Enfatizó en el perjuicio en la salud que que tanto a él como a su madre, ambos propietarios, le produjo la toma y agregó que no puede continuar con el desarrollo económico del lugar porque las ventas se pararon, no pudiendo recuperar aún el dinero que invirtió en el desarrollo urbanístico.

La causa

Por esta misma ocupación de tierras, más de una veintena de personas se encuentra en etapa de control de acusación en tratativas con la acusación pública y privada de llegar a salidas alternativas de resolución de conflicto. En tanto ya se ha fijado una nueva audiencia de formulación de cargos para el 25 de junio próximo en la que se imputará a once personas más.

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