Potenciar Trabajo: más de 9 mil personas cobraban el plan social y eran empleados públicos

Una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán determinó que más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran, algunos aún lo son, beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad.

La cifra exacta es 9.413, de esa totalidad el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588 de esas personas y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Para los investigadores y el propio gobierno de La Libertad Avanza, este tipo de incompatibilidades es un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.

Potenciar Trabajo: la investigación

La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos, sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos.

Marijuan ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

Potenciar trabajo.jpg

En total son 9.413 los planes Potenciar Trabajo que el Gobierno dio de baja, descubrieron que esos beneficirios eran empleados públicos, incompatible con el programa. Foto: LMN.

El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar. Como era de esperar, la provincia de Buenos Aires es la que registra un mayor número de empleados públicos que, a su vez, recibían el beneficio del estado nacional.

El número de Potenciar Trabajo por provincias

Buenos Aires 2.243; Tucumán registra 1.145; La Rioja, 1.060; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Las últimas tres provincias fueron las más rezagadas en responder el requerimiento fiscal y fueron intimadas dos veces.

La normativa del Potenciar Trabajo era clara, destacaba que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conformes lo contemplado”.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y Pettovello a Capital Humano, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- junto al programa alimentario.

El 6 de marzo, a través de la Resolución 115/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución de ese beneficio social. En su reemplazo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó dos nuevos programas: “Volver al Trabajo”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el de “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Los funcionarios de esa cartera entendieron que el Potenciar Trabajo no cumplía con el fin para el cual fue creado: solo el 1,3% de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se encontraban inscriptas en el programa consiguieron empleo.