Ordenan desalojar a dos familias de casas tomadas

La medida afecta a cuatro mayores de edad, una embarazada, y cinco menores. Les dieron un mes.

La Justicia ordenó el desalojo de una vivienda que desde el año pasado es ocupada por un par de familias en el barrio San Pablo. Les dieron un plazo de un mes para irse del lugar. Caso contrario, enviarán a las fuerzas de seguridad a sacarlos.

Así lo resolvió la jueza María Florencia Caruso, quien se puso firme con las familias que están usurpando la casa ubicada en calle Independencia 238.

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La Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de cargos y pidió el inmediato desalojo forzoso del lugar. El pedido estuvo acompañado por el abogado querellante y el representante de la empresa que adquirió la vivienda para demolerla con fines inmobiliarios.

Según la acusación, dos familias ingresaron a la casa entre el 12 y el 18 de diciembre del año pasado porque no tenían dónde vivir y sabían que el inmueble estaba desocupado. Pero una empresa había adquirido la vivienda el 17 de marzo de ese año y luego gestionó ante la Municipalidad un permiso de demolición, el cual finalmente que caducó en octubre.

Con este panorama, la Fiscalía acusó a las dos familias por el delito de usurpación y la jueza de garantías consideró formulados los cargos. Sin embargo, no hizo lugar al desalojo que pretendía llevarse adelante de forma inmediata, sino que les dio un plazo de un mes.

En el predio hay dos casas ocupadas por cuatro adultos y cinco menores. Una de las mujeres, además, cursa un embarazo. Los imputados indicaron durante la audiencia que en el último tiempo también le ofrecieron alojamiento a una mamá soltera con siete hijos, que debieron abandonar su hogar por cuestiones de violencia.

“Previo a tomar una decisión como la que está pidiendo la fiscalía y la querella, se deben reunir una serie de requisitos para que puedan desalojar pacíficamente la vivienda”. Florencia Caruso Jueza cipoleña

Ordenaron reubicarlos

Ante esta compleja situación, la jueza solicitó a la defensa que gestione la intervención del Ejecutivo para otorgarles una solución habitacional a las familias, sea desde el Municipio o desde Provincia.

“Mi intención como jueza no es que ustedes se queden en la calle con los niños, está el interés superior del niño que ninguna de las partes desconoce, ni la fiscalía, ni defensa, ni querella ni yo como magistrada”, indicó Caruso.

A su vez, sostuvo: “Previo a tomar una decisión como la que se me está pidiendo por parte de la fiscalía y de la querella, se deben reunir una serie de requisitos para que estas personas puedan desalojar pacíficamente la vivienda”.

La jueza también dictó una medida de no innovar y les prohibió a los ocupantes realizar cualquier tipo de arreglo en el inmueble o que permitan que ingresen más familias.

Por último, les recordó a las familias que están cometiendo el delito de usurpación y que el período de un mes tiene como objetivo llevar adelante un desalojo ordenado y pacífico, sin perjuicio de las gestiones que deben realizar ante los organismos del Poder Ejecutivo para encontrar una solución habitacional.

Conflicto

Cronología de una usurpación

La ocupación. Dos familias no tenían dónde vivir y en diciembre del año pasado decidieron ocupar una casa en el barrio San Pablo que estaba abandonada.

La quieren tirar abajo. El inmueble había sido comprado por una empresa que gestionó el permiso de demolición para levantar allí un nuevo emprendimiento inmobiliario.

Decisión judicial. La Justicia resolvió que las familias se deben ir en un plazo máximo de un mes. Si no, utilizarán la fuerza pública. Pidieron al Municipio y a Provincia que les garanticen una vivienda.

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