Multas a hoteleros por tener TV

La polémica ley de propiedad intelectual genera quejas en Río Negro.

Legisladores de Juntos Somos Río Negro presentaron un proyecto de ley para que se suspenda, por lo menos por un año, la ejecución de los juicios y medidas cautelares contra hoteleros por el cobro del impuesto por tener televisores y radios en las habitaciones. Se trata del polémico impuesto de propiedad intelectual.

El proyecto surge a partir del reclamo de 150 cabañeros y hoteleros de Bariloche, que también repercute en Cipolletti. Estas personas recibieron intimaciones de cinco entidades que exigen el pago de elevadas sumas, algunas retroactivas hasta cinco años.

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Se trata de la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (Aadicapif); la Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (Argentores); la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), la Sociedad Argentina de Autores Intérpretes y Compositores (Sadaic) y la Unión Argentina de Artistas de Variedades (Uadav). También se sumaron otras entidades privadas con regímenes especiales y actividades conexas.

Las deudas de los hoteleros hicieron que muchos cerraran sus puertas.

Sobre el alcance del proyecto, los legisladores destacaron que “será de carácter transitorio, hasta tanto se concreten medidas de fondo, a nivel nacional, que otorguen solución equitativa e integral a este problema”.

Lo que la ley de propiedad intelectual no tiene en cuenta es que el cobro de aranceles por parte de estas instituciones daña la economía de cabañas y hoteles más pequeños. Según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, el sector tributa a las cinco entidades mencionadas por tener una TV apagada en una habitación. Si se aplican los aranceles totales, sin los acuerdos firmados, pueden representar desde un monto similar a los ingresos brutos hasta llegar al 30% de la facturación de un alojamiento.

Como consecuencia, muchos emprendimientos productivos han tenido que retirar las TV de las habitaciones y constatar dicha actuación ante escribano público, haciendo frente a los costos económicos (escribano y pérdida de clientes). Otros acudieron a abogados para subsanar la situación; y algunos firmaron convenios con las entidades demandantes, sin tener información transparente, equitativa y razonable sobre los acuerdos. También se dieron de baja establecimientos por no poder afrontar los cobros estipulados y la pérdida de puestos de trabajo.

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