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Megabanda: definen la impugnación

El tribunal se expedirá este mes sobre los planteos impulsados por los defensores de los condenados, que recibieron severas penas.

En las próximas semanas quedará definida la impugnación impulsada por los integrantes de la megabanda de boqueteros y si cumplirán la totalidad de las penas de cárcel impuestas por el tribunal integrado por los jueces Alejandra Berenguer, Marcelo Gómez y Laura González Vitale. La mayoría de los delincuentes fueron condenados a castigos que superan los 20 años de cárcel y en el caso de los líderes, arriba de los 30 años.

Frente a las duras penas, a través de sus abogados defensores, los condenados se encargaron de impugnar la sentencia cipoleña ante el tribunal con asiento en Viedma, aunque a diferencia de otros procesos similares, en la audiencia realizada hace 15 días, las partes tuvieron la posibilidad de exponer sus argumentos en persona a los integrantes del tribunal.

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La modalidad fue presencial porque la causa que involucra a la megabanda es de gran envergadura, con más de una decena de personas condenadas. Habitualmente, las impugnaciones se llevan a cabo mediante videoconferencia.

El tribunal tiene un plazo de 20 días para expedirse y es probable que la semana que viene haya novedades, con la confirmación del fallo elaborado en Cipolletti o la posibilidad de que se acepte alguna de las nulidades planteadas por los defensores.

Si los condenados reciben un pronunciamiento negativo, tendrán otras alternativas, como presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o la Corte Suprema. De esta forma, la sentencia va a seguir sin quedar firme.

Más allá de la interposición de los recursos, gran parte de los condenados perdieron el beneficio de la excarcelación y los jueces se mostraron de acuerdo con pedidos del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti para que cumplan con la preventiva mientras se define su suerte. Líderes de la banda como José “Chiqui” Forno y Sandro Gerez Derves se encuentran detenidos.

En la audiencia de impugnación, la fiscalía, representada por Gustavo Herrera, Santiago Márquez Gauna y Guillermo Merlo, solicitó que la sentencia sea confirmada en toda su extensión.

Con el aporte indispensable de la Brigada de Investigaciones, los integrantes del Ministerio Público lograron probar que los delincuentes conformaban una asociación ilícita que se dedicaba a cometer robos y entraderas en gran parte del Alto Valle.

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