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Madres se unen para reclamar la cuota alimentaria

Van y vienen a Tribunales para lograr que sus hijos reciban la atención que merecen de sus padres.

Algunas mamás cipoleñas que vienen desde hace años batallando para que se respeten los derechos de sus hijos y que los padres cumplan con sus obligaciones decidieron aunar fuerzas y compartir experiencias, además de insistir en sus pedidos ante las defensorías y juzgados de la ciudad. Uno de los casos tiene como protagonistas a Andrea y Claudia, quienes casi no lograron respuestas y siguen esperando que se regularice el pago de la cuota alimentaria.

“No recibe ninguna cuota alimentaria”, remarca Claudia, una mamá que desde hace cuatro años viene impulsando distintos pedidos ante la Justicia. Cansada, a principios de año sumó un nuevo reclamo y es para que se investigue a los funcionarios judiciales que intervienen en su expediente. La presentación la hizo ante Juan Manuel Montoto Guerrero, de la Auditoría Judicial General.

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Esta vecina cipoleña es mamá de tres hijos y, tras la separación de su pareja, inició una traumática división de bienes y, a la vez, una solicitud para que su ex pareja no se desentienda de sus responsabilidades como padre. Pero no le fue bien y terminó en gran parte soportando sola los vaivenes de la economía diaria, mientras se ilusionaba con soluciones de parte de las defensoras y el juzgado de Familia que intervenía en su situación.

Transcurrió el tiempo y, en la actualidad, Claudia casi no espera debido a que como pudo trabajó, estudió y de esa forma pudo mantener en pie su familia. “Esto no debería suceder, pero hay un montón de personas que pasan por esta situación, se olvidan de los derechos de los niños, hay una revictimización de las mujeres y una se siente vulnerada”, confesó Claudia.

La situación de Andrea, del barrio Costa Norte, no es muy distinta y comparte con Claudia el ir y venir por los pasillos judiciales con el fin de que sus ex parejas regularicen el pago de las cuotas alimentarias. En el caso de Andrea, debido a que el padre de su hijo no tenía un trabajo fijo, decidió favorecerle el cumplimiento de sus obligaciones y fijaron un monto mínimo de 1000 pesos mensuales. “Hace ocho meses que no lo deposita”, se quejó.

Tanto Andrea como Claudia están cansadas de las dilaciones y, por no contar con recursos suficientes para una asistencia legal particular, se ven sometidas a ajustarse a los tiempos que les imponen desde las defensorías oficiales y juzgados. Sobre el particular, Claudia no dudó en afirmar que “hay una doble victimización” debido a que se quedan en soledad para enfrentar el día a día de sus hogares y el sistema no les facilita los trámites para que los padres cumplan lo establecido por ley.

En cuanto al reclamo para que se revise la actuación de los funcionarios en su expediente, Claudia confía en alguna respuesta, más allá de que todavía no fue informada de avances concretos.

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