LMCipolletti jueza

"La jueza no trató el problema como un delito, eso es lo grave"

La querella cuestionó el fallo de la jueza Agustina Bagniole porque no condena la ilegalidad ni preserva los derechos de la víctima sobre su propiedad tomada al final de la calle Lisandro de la Torre.

Los abogados querellantes que están en representación de Miguel Ángel Kohan, el propietario de la chacra tomada al final de la calle Lisandro de la Torre, objetaron el fallo de la jueza Agustina Bagniole de no desalojar. "El problema es que el asunto no fue tratado como un delito. Esto es gravísimo, no solo para mi cliente sino para toda la sociedad", dijo Daiana Vásquez, una de las letradas.

En la audiencia de ayer, la jueza Bagniole rechazó el pedido de desalojo que solicitaron la querella y la Fiscalía, por cuanto no están dadas las condiciones y resulta prematuro tomar esta decisión cuando todavía no se intenta la conciliación entre las partes.

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Para la querella, lo que resulta prematuro, en realidad, es que no haya ordenado un desalojo. "Sacó un fallo que no tiene elementos de convicción para afirmar que toda esa gente está en situación de calle", advirtió Vásquez, más allá de toda la legislación vigente que citó para respaldar su resolución.

Consideró que el fallo de la jueza "está muy bien fundamento desde la letra muerta de la ley, pero yendo a la práctica, a los hechos, es un fallo abstracto, bastante absurdo. Deja que ocupen ese predio, pero no consolida el acceso a una vivienda digna ni los derechos de los niños, todo esto en realidad no se resguarda permaneciendo ahí. Ni hablemos del Covid".

En diálogo con LMCipolletti, contó que pidieron elementos de prueba para saber si efectivamente las personas que usurparon están en una situación de gran vulnerabilidad. Pero todavía no hay certezas al respecto, ya que ni siquiera se sabe quiénes son todos y cuáles son sus necesidades. Se cree que hay más de 150 personas en la toma, pero la fiscalía identificó a 70 y a la audiencia de ayer solo asistieron ocho.

Por eso, se está llevando a cabo un relevamiento social con funcionarios judiciales, en conjunto con asistentes sociales de Desarrollo Humano. Comenzó este mediodía.

"En un momento ves 30 personas, vas en otro momento y capaz que están todos...es difícil identificarlos y acercarse a ellos", advirtió la letrada.

Aunque no confían mucho en que la conciliación sea un éxito, porque los ocupantes manifestaron varias veces que de allí no se quieren ir, no pierden las esperanzas de que en los próximos 30 días se pueda llegar a buen puerto. De lo contrario, si no prospera la posibilidad de un acuerdo, Vásquez espera que en esa instancia la magistrada ordene el desalojo.

"Ojalá que la conciliación sea fructífera, pero si no lo es, que tome cartas en el asunto, resguarde los derechos de la víctima y ordene el desalojo", acotó la representante legal.

Como parte de la querella, también trabajan otros abogados que asisten a los vecinos chacareros que sufren las consecuencias indirectas de una toma que puede expandirse y consolidarse, poniendo en riesgo sus producciones. Por eso, la ocupación les genera un perjuicio que va más allá del temor a que les usurpen sus chacras. Ellos también van por el desalojo.

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