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La fiscalía apuntó a "la cultura" de las usurpaciones

Aseguran que menos del 10 por ciento de los ocupantes están tan vulnerables como para tomar tierras.

El asentamiento que se gestó el pasado 27 de agosto sobre una chacra privada en el barrio Labraña revela que la toma de tierras ya es parte de la cultura de muchos cipoleños. La mayoría de los ocupantes que resisten en el predio, ubicado sobre Lisandro de la Torre al final, son jóvenes que rondan los 20 años y muchos de ellos hicieron lo mismo que sus padres para acceder a un pedazo de tierra donde construir un hogar y un futuro.

En inmediaciones del asentamiento La Alameda, donde se armaron dos tomas nuevas sobre terrenos cuya procedencia todavía no está muy clara para la Justicia, la Fiscalía observa el mismo fenómeno sociocultural. Hijos que toman tierra cerca de sus familias, que no quieren irse de ahí o exigen una solución inmediata; y creen que si es tierra ociosa no importa, su propietario no merece tenerla.

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"Es una cultura que ya se ha implementado. Son los hijos de las personas que en su gran mayoría tomaron tierras, muchos años atrás, y ahora hacen lo que hicieron sus padres para acceder a un terreno y a una vivienda. En La Alameda se repite la historia del barrio Labraña. Toman al lado para estar cerca de sus familias. Todos pretenden una solución inmediata que el Estado no tiene. De lo contrario, no están dispuestos a retirarse, y su posesión es firme. Entre comillas, hasta coactiva", expresó el fiscal jefe Gustavo Herrera.

Nuevas tomas La Alameda

Advirtió, además, que "cuesta mucho que entiendan que están cometiendo un delito, porque no lo ven como tal. En ellos, lo ideológico es muy fuerte". Por eso, consideró que "el problema es cultural, y el tema es ver cómo romper con esto. Aunque la solución inmediata de resolver el conflicto (la toma de tierras) sea responsabilidad de la Justicia, a largo plazo le cabe al Estado. Y es el Ejecutivo quien tiene que tomar una decisión sobre que ciudad vamos a tener dentro de 30 o 40 años".

De acuerdo al relevamiento social que realizó la Fiscalía, en conjunto con personal de Desarrollo Humano, Herrera sostuvo que "las personas vulnerables son contadas con los dedos. Siendo generosos, menos del 10 por ciento".

Yendo a la toma más numerosa que se gestó en la chacra de Miguel Ángel Kohan, conviven dos grupos que referencian el espacio que ocupan con distinto nombre. De un lado de una calle interna que delimita el predio están los que resisten en el asentamiento 28 de Agosto. Allí, la Fiscalía cuenta alrededor de 58 personas. Del otro lado, está la toma Rucalaf, donde relevaron 47.

"Gente que tenga discapacidad, con muchos hijos a cargo o que esté en situación de calle, son pocos. Siete u ocho. Hay una sola abuela con más de 70 años. La mayoría son jóvenes que dicen que están cansados de esperar por una vivienda. Algunos solteros, otros refieren que tienen hijos, pero no los vimos; y claramente no están viviendo ahí. Tienen marcado su lugar y hacen acto de presencia, nada más", contó Herrera.

Toma 1

Los ocupantes del sector denominado Rucalaf son hijos del barrio Labraña; los que se identifican con el nombre 28 de Agosto, vienen de distintos puntos de la ciudad y son más jóvenes. Hay pibes de 17 y 18 años. "Para la Fiscalía, estas personas no son vulnerables. O mejor dicho, el grado de vulnerabilidad que tienen no justifica que comentan un delito", agregó Herrera.

Tampoco sobre el puñado de personas que tomó otra chacra privada en el barrio Labraña, el pasado 21 de agosto.

Eventualmente, Herrera consideró que las situaciones puntuales de gran vulnerabilidad verificadas por la Justicia podrían ser tenidas en cuenta, aunque eso no signifique que puedan tener una respuesta inmediata.

Instigación a la toma de tierras

La investigación penal que lleva a cabo la Justicia sobre la toma Kohan reveló también la posibilidad de que haya referentes de la política que apoyen las tomas en Cipolletti. En ese sentido, llama la atención que apunten a las mejores chacras productivas o no productivas, como si contaran con información selectiva y preliminar antes de avanzar sobre los terrenos que son de propiedad pública o privada.

"El próximo 25 de septiembre le vamos a formular cargos a una mujer, de apellido Ranquehue, sospechada de haber iniciado la toma. Hay otros interrogantes en la investigación que se pueden develar con la apertura de su teléfono, si no hay alguien de la política que apoye la toma", adelantó Herrera.

A la audiencia de formulación de cargos que citó la Justicia por el delito de usurpación, de 70 personas convocadas asistieron solo ocho. En esa audiencia, la jueza Agustina Bagniole denegó el pedido de desalojo e instó a las partes a iniciar el camino de la conciliación. El relevamiento fue parte de ese proceso.

Toma 1

Conciliación... ¿una causa perdida?

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal fijó postura: formulará cargos y volverá a pedir el desalojo para esta y las otras tomas, cuando llegue el momento de hacerlo. No hay que olvidar que también está la usurpación de siete familias sobre otra chacra privada en el barrio Labraña, que inició pocos días antes de la toma Kohan.

"Desde lo discursivo, la mediación suena linda, pero el dueño termina perdiendo la tierra. Es una herramienta muy efectiva en otro tipo de conflictos. Pero no resuelve el problema de las tomas masivas. En estos casos, corresponde el desalojo", sostuvo Herrera.

Trajo a la memoria el caso de una casa tomada en el barrio Santa Clara, donde como juez de instrucción dispuso la conciliación. Pasaron cinco años y ni siquiera, en el caso puntual de una casa, esa mediación prosperó. "Mirando para atrás, veo que la solución fue prudente y democrática, pero el damnificado todavía sigue esperando por su casa. Incluso ahí había una chance de resolver el conflicto porque el IPPV hizo una oferta concreta; pero aún así fracasó. Maldonado y su pareja siguen viviendo en ese lugar. Ella terminó condenada, pero comenzó el derrotero de los recursos hasta la Corte Suprema de Justicia", ejemplificó.

Herrera ya no es juez ni tiene en sus manos la posibilidad de deliberar sobre una toma. Pero a la luz de lo hechos asume que la conciliación para destrabar tomas masivas es una causa perdida. Una herramienta ineficiente, eso dice. "No obstante lo cual acatamos lo que digan los jueces", aclaró.

El riesgo: que no se haga Justicia, al menos por la víctima que se señala en la causa, el o los propietarios de la tierra tomada. Herrera citó un refrán de los ingleses que dice más o menos lo siguiente: "Justicia retardada es justicia demorada". Bueno, eso lo piensa Herrera; y lo aplica a las tomas de Cipolletti.

"La aplicación de la ley de forma tardía, es justicia denegada porque es ineficiente. Y el temor más grande que tengo es que la gente resuelva sus problemas por mano propia", se sinceró Herrera.

El otro problema que advirtió y no es menor, tiene que ver con el mensaje que está dando la Justicia. Si no puede desarticular una toma, no podrá con la otra y así sucesivamente.

Herrera lo admitió: "La gente que tomó en La Alameda me dijo a mí: ´vos no pudiste sacar a los del Labraña, a nosotros no nos van a sacar´. Esas son también las consecuencias que tenemos los funcionarios de la Justicia cada vez que tomamos una decisión (aunque él pidió el desalojo y la jueza se lo denegó)".

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