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Insistirán con el desalojo del predio usurpado al Municipio

La jueza Sonia Martín rechazó el pedido de desalojo; y la Fiscalía y el Municipio solicitarán que otro juez revise la decisión.

Representantes legales del Municipio y funcionarios del Ministerio Público Fiscal insistirán con el desalojo de la toma del predio usurpado en Parque Industrial porque el peligro de la demora es real y solo permitirá que la ocupación se consolide sobre tierras que no son aptas para vivir y están destinadas al desarrollo de un proyecto de INVAP. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron, además, que la decisión de la jueza Sonia Martín, de rechazar el planteo, alentó la impunidad.

"El viernes, tras la audiencia judicial, recibimos tres amenazas de ocupación en distintos puntos de la ciudad, que fueron reales y pudimos desalentar", contó el director de Legales, Raúl Franco, y agregó: "Su decisión fue tomada como un triunfo de los ocupantes y generó un grado de impunidad que puso en peligro inminente otros terrenos".

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El viernes, tras una maratónica audiencia que inició con serios problemas técnicos, la jueza Martín hizo lugar a la formulación de cargos por el delito de usurpación, pero rechazó el desalojo de la toma que sus ocupantes bautizaron con el nombre de 21 de Septiembre. Para la querella, su decisión fue arbitraria y contradictoria, por lo que pedirá su revisión.

Fuentes judiciales informaron que la jueza no ordenó el desalojo porque no tenía claro si los ocupantes ingresaron con violencia, como sostuvo la Fiscalía y la querella, o si entraron directamente al predio y fueron otros los que ejercieron la fuerza para sacarlos de ahí. Tiene dudas. "Fue un descrédito total a la postura de la Fiscalía y la querella", consideró Franco.

Tampoco la jueza dijo nada sobre el peligro de dejar pasar el tiempo y que finalmente la usurpación se consolide, ni dictó medidas restrictivas para impedirlo.

"Hay una custodia policial permanente para que los ocupantes no puedan salir y entrar con materiales, pero la realidad es que lo hacen porque el predio es muy grande y los efectivos no son suficientes. Incluso ya ingresaron con una máquina para hacer movimientos de suelo. Por lo tanto, cuanto más tiempo pase, más difícil será desalojarlos. Ese es el peligro de la demora", indicó el letrado del Municipio a LMCipolletti.

De acuerdo a la teoría que abona el fiscal Matías Stiep y la querella, el hecho ocurrió el pasado 22 de septiembre, alrededor de las 14. Mediante amenazas, invadieron el inmueble que tiene unas 3 hectáreas. Increparon al personal policial y rodearon la camioneta de Desarrollo Humano que estaba presente en ese momento porque realizaba en el sector un relevamiento social. Uno de los ocupantes le dijo a la secretaria Viviana Pereira que no les iban a permitir que se retiren.

Arrojaron piedras contra los efectivos y vencieron el cordón que habían armado para impedir la invasión, la cual terminó sucediendo. Una vez adentro, comenzaron a delimitar las parcelas y se las distribuyeron. Ingresaron carpas, materiales. Fueron intimados a abandonar el predio, pero no quisieron. Se inició una negociación donde el Municipio les hizo una oferta que rechazaron. Se mantienen en el lugar, de forma ininterrumpida, habiendo avanzado con la construcción de algunas casillas precarias.

La defensa de los ocupantes rechazó esa plataforma fáctica y sostuvo que viven ahí porque era tierra ociosa. "Asentarse en un lugar no es delito, lo que es delito es hacerlo con violencia y clandestinidad. Ellos no lo hicieron. Cuando llegaron no había nadie. El Municipio tenía ese inmueble desde 2010 para hacer lo que quiera. Pero operaba un basurero clandestino y no estaba cercado", sostuvo el abogado Martín Palumbo.

La parte acusadora en este proceso prepara los argumentos para solicitar la revisión de la decisión que adoptó la jueza Martín. Es posible que lo haga entre hoy y mañana. Insisten con el desalojo porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros asentamientos, se realizaron distintas propuestas para resolver el conflicto que los ocupantes rechazaron. De ahí no se quieren ir.

"Desde el minuto uno el Municipio trabajó para conciliar y resolver el problema con personal de Asuntos Vecinales y Desarrollo Humano. Trató de solucionar las necesidades y realizó distintas ofertas, de las cuales participó el defensor. La mediación duró horas y horas, hasta llegar al 30 de septiembre, que se decide interponer la formulación. Yo personalmente notifiqué a las personas, que no podían ingresar mas cosas. Pero igualmente siguieron ingresando. Tanto es así que delimitaron calles y terrenos e ingresó una máquina para hacer un movimiento de suelo. Se les ofreció una salida que no están dispuestos a aceptar y, por eso, es necesario lograr el reintegro a través del desalojo. Los mecanismos de conciliación se encuentran agotados", dijo el fiscal jefe Gustavo Herrera.

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