Inquietud por un proyecto sobre las tierras rurales

Propietarios de tierras nucleados en el grupo Convocatoria Rural están siguiendo con atención y recelo el tratamiento en el Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza destinado al abordaje y fiscalización de los usos no admisibles en el área rural. Como les parece que la iniciativa podría tener paralelos con una ordenanza que tuvo que ser anulada, por el rechazo que generó, durante la exgestión de Aníbal Tortoriello, buscarán dialogar con los ediles para tener más precisiones de la actual propuesta y fijar una postura pública.

El proyecto que está hoy en tratamiento en el CD ya cuenta con despacho favorable de la comisión de Gobierno del estamento y podría ser aprobada en una próxima sesión, dado el consenso mayoritario que ha alcanzado. Solamente ha manifestado algunas reservas el concejal opositor Carlos Martínez Larrea, quien optó por abstenerse cuando se discutió el despacho.

Fuentes consultadas de Convocatoria Rural expresaron este lunes que, por lo que ha trascendido hasta ahora a través de los medios de comunicación, el texto en discusión se parecería en algunos de sus propósitos a la anulada ordenanza 155, con la que se buscaba defender las tierras productivas sancionando con multas a los chacareros que no tuvieran en marcha emprendimientos rurales.

La iniciativa en danza hoy, en cambio, busca crear una tasa de fiscalización y una multa reiterativa para las actividades que no tienen que ver con el área rural. Con esto se buscaría controlar los usos no agrícolas y otros no vinculados a la economía agraria y proteger las tierras productivas.

Como se ve, tanto en la ordenanza anulada como en el proyecto anual hay coincidencias en lo relativo al intento de resguardar el sector rural y también en la aplicación de obligaciones a abonar para quienes se considere afectados o infractores.

De allí que para los dueños de tierras rurales exista la necesidad de analizar cuidadosamente lo que se está tratando en el Deliberante y, para despejar cualquier duda, lo mejor para ellos será, y así lo dicen, conversar con los ediles y tener acceso a la propuesta que ya tiene despacho favorable.

En el sector, no quieren saber nada de afectaciones a la propiedad privada y mucho menos con la posibilidad de tener que sufrir por la aplicación de tasas y multas que se sumarían a otros impuestos que ya se están pagando.

Proceso extenso, remedio tardío

En la ciudad, se viene observando hace años una constante reducción de las tierras rurales ante el avance de urbanizaciones y la proliferación de emprendimientos de diversa índole. El tema es que, en su momento, al inicio de esos cambios, se tendrían que haber concretado medidas para impedirlos o limitarlos. Hoy, la cantidad de canchas de fútbol, locales para fiestas, sedes de industrias y empresas en general y la radicación de viviendas ha tomado una magnitud más que considerable. Se ha vuelto prácticamente imposible volver atrás, ya que se trata de situaciones consumadas. En la comuna, quieren fiscalizar esta realidad y asegurar su control, sin que nadie considere que lo que se hace sea un blanqueo.