Histórico: las tomas, a un paso de la expropiación

El Deliberante declaró de utilidad pública las tierras de 5 asentamientos.

Por unanimidad y ante vecinos que celebraron con abrazos y lágrimas de alegría, el Concejo Deliberante aprobó ayer la declaración de utilidad pública de 66 hectáreas ubicadas en la zona norte y en las que se encuentran cinco asentamientos: Barrio Obrero A y B, Nueva Esperanza y 2 y 10 de Febrero. Las tierras quedaron sujetas a expropiación, lo que ahora deberá decidir la Legislatura provincial.

Más de 5500 personas se verán beneficiadas por este trascendental paso. Tanto concejales como habitantes de las tomas calificaron de “histórica” la resolución y coincidieron en la necesidad de seguir avanzando hasta lograr la regularización dominial y la urbanización definitiva, con todos los servicios básicos y una mejor calidad de vida.

Además, para que en el futuro no vuelvan a generarse más asentamientos, se destacó la necesidad de crear un banco de tierras en el Municipio para las familias de menos recursos.

“Las tierras han alcanzado valores petroleros y hay especulación. Ha habido una precarización de derechos y los más afectados son los niños. Hay que garantizar derechos”. Marisa Lazzaretti Presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti

La sesión tuvo lugar al mediodía y estuvieron presentes la titular del cuerpo legislativo, Marisa Lazzaretti, y los ediles Marcela Linhardo, que coordinó el trabajo en comisión, Miguel Aninao, María Alejandra Villagra, Diego Rudy y María Eugenia Villarroel Sánchez.

El texto de la ordenanza será ahora enviado por el Ejecutivo local a la Legislatura, que deberá dictar una ley de expropiación para garantizar la continuidad de la estrategia urbanizadora. La diputada provincial Carina Pita estuvo en la sesión y dijo que ya se ha corregido la redacción del proyecto expropiatorio presentado hace un tiempo sólo para el Barrio Obrero y que ahora incluirá a los 5 asentamientos. Indicó que la propuesta será tratada apenas ratifique su respaldo el oficialismo rionegrino, que tiene mayoría parlamentaria.

“Todo lo logrado es por la lucha de los vecinos. Ahora vamos a ir por la expropiación. Y no nos olvidaremos de reclamar por los demás asentamientos de la ciudad”. Lilia Calderón Dirigente del Barrio Obrero y del Movimiento La Dignidad

La vecinalista Lilia Calderón, con lágrimas de emoción en el rostro, resaltó la lucha de tantos años emprendida por los vecinos de los asentamientos, con movilizaciones constantes y gestiones incluso ante el gobierno nacional. Recordó los debates con distintas autoridades comunales y mencionó que incluso tuvo prohibido el acceso al Concejo Deliberante por una presentación policial en su contra de una ex integrante del Legislativo local.

La edil Linhardo puso de relieve el compromiso asumido por la actual gestión municipal en pos de una solución para las tomas y precisó que ya hay 23 millones de pesos incluidos en el presupuesto 2018, que ingresó ayer al Deliberante para su tratamiento, para los gastos de la expropiación. Por su parte, Villarroel Sánchez ponderó el carácter “solidario” de los cipoleños y valoró el papel del Estado municipal a lo largo de los años.

Regularizar

Para terminar con la marginación

La declaración de utilidad pública sujeta a expropiación fue impulsada por el Ejecutivo municipal y tratada y respaldada por los concejales. Al dar vía libre a la iniciativa, se recordó que en las tomas 2 y 10 de Febrero viven 550 familias, en Nueva Esperanza 120 y en Barrio Obrero A y B un total de 568, todas en condiciones de precariedad, marginación y fragmentación social. Se enfatizó que el precio inmobiliario de las tierras en la ciudad se ha disparado y ha crecido la especulación, lo que ha provocado en su momento la proliferación de asentamientos. A partir de la regularización que ahora se encara se podrá planificar cada sector, con políticas participativas, provisión de infraestructura básica, delimitación de calles y espacios públicos y el pago de los lotes a un precio accesible.

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