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Fuentealba II: rechazaron sobreseer a los policías y arrancó el juicio

Con una manifestación de docentes afuera del Palacio de Tribunales se dio inicio al juicio oral y público que tiene audiencias previstas hasta el 14 de marzo.

A poco de cumplirse 16 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba a manos del policía José Darío Poblete, la Justicia local empezó un juicio contra ocho policías por su accionar durante el gigantesco operativo represivo montado por el gobierno de Jorge Omar Sobisch ante una protesta de los docentes. El ex gobernador quedó al margen de las acusaciones que se tramitan, pero será citado a declarar como testigo en el juicio.

Luis Georgetti es el juez que preside el tribunal del denominado juicio Fuentealba II, que se completa con los magistrados Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc. Mientras que por el Ministerio Público Fiscal actúa el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Los abogados de la querella son Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña.

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Los policías acusados son Carlos Salazar, jefe de la Policía de la Provincia al momento del homicidio de Fuentealba, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Aquiles González, Julio Lincoleo y Benito Matus. Actúan como abogados defensores Rubén Casas, Gustavo Lucero, Esteban Sampayo y Juan Coto.

La primera audiencia del juicio comenzó a las 11 del miércoles, luego de que el tribunal coincidiera con el fiscal jefe y con la querella particular y rechazara los distintos planteos mediante los que las defensas de los imputados habían solicitado que fueran sobreseídos. Está previsto que el juicio se desarrolle hasta el 14 de marzo.

Estuvieron en la audiencia de este miércoles el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, y la titular de Ctera, Sonia Alesso, quien viajó a Neuquén para acompañar a la esposa de Fuentealba, Sandra Rodríguez, y a sus hijas. Afuera del Palacio de Justicia se concentró una cantidad de docentes que se manifestó a favor de la condena a los policías, a quienes consideran culpables de ejecutar un operativo que contempló una carga represiva con potencial mortal.

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La audiencia

Georgetti rechazó las excepciones presentadas por la defensas, la mayoría relacionadas con los plazos del proceso. “En nuestro sistema hay una serie de pasos que llevan a la instancia de juicio. En ese proceso hay competencias y, en este caso, las excepciones respecto de la elevación a juicio deben ser tratadas en el control de acusación”, argumentó el presidente del tribunal el rechazo a las demandas de nulidad de los defensores de los policías que tuvieron roles activos en la represión del 4 de abril de 2007. Por decisión unánime del tribunal las excepciones se declararon inadmisibles.

El fiscal Breide Obeid acusó a Matus por dos hechos ocurridos en el operativo represivo: haber disparado con una escopeta 12/70 contra una persona que se movilizaba a bordo de un auto y haber golpeado con su arma a otro manifestante, cuando éste último se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial. Los delitos que le imputó fueron abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público.

El caso de Matus es el único de los ocho policías que incumbe al fiscal, puesto que el Ministerio Público no accionó contra el resto de los policías que están siendo juzgados. En cambio, la querella particular tiene el campo libre para avanzar contra los ocho hombres de la fuerza provincial.

Los siete policías restantes fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.

A su turno, los abogados defensores adelantaron parte de sus estrategia para insistir con los pedidos de absolución de los policías.

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Los hechos

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 4 de abril de 2007 durante una manifestación de los docentes bajo el paragua de ATEN en cercanías de la localidad de Arroyito. Allí el cabo Darío Poblete asesinó a Fuentealba con un disparo a quemarropa. El policía fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía.

En otra causa que avanzó en paralelo, el Ministerio Público Fiscal investigó oportunamente las responsabilidades de otros efectivos y jefes policiales respecto del desarrollo del operativo. En 2009, el fiscal que llevaba la causa, Alfredo Velasco Copello, pidió el sobreseimiento de todos los acusados salvo de uno, Benito Ariel Matus, a quien imputó por dos hechos. El juicio nunca se concretó y, por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y, con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal de la provincia –entró en vigencia el 14 de enero de 2014- fijó las pautas para hacerlo. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal vio limitado su accionar al único acusado en 2009, pero no así la querella particular.

El 25 de noviembre de 2021 -en una decisión que fue ratificada 13 de abril de 2022 - el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio. En el caso de Benito Ariel Matus, por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público; mientras que respecto de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, la habilitación de instancia de juicio fue por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.

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