Frenan traslados policiales para descomprimir protestas

Tras la ocupación de la sede de la Regional Segunda de la Policía, el Gobierno se sentó a negociar con referentes de la organización de Bienestar Policial y se alcanzó un principio de acuerdo para destrabar el conflicto salarial dentro de la fuerza. Los manifestantes se comprometieron a suspender todas las medidas de protesta.

El jueves por la tarde, el ex policía Rubén Ángel Muñoz, exonerado de la fuerza, y una dirigente gremial irrumpieron en la sede de la Regional Segunda de Roca, donde se concentraron las medidas más fuertes de los policías. Otros referentes de Bienestar Policial los apoyban desde el exterior. Los numerosos traslados de agentes que se habían sumado a las protestas fue el desencadenante de la ocupación de la jefatura policial.

A raíz de la toma de un edificio, el Gobierno convocó a una reunión para avanzar en la resolución de un conflicto que llevaba semanas. Del encuentro participaron el Jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro; la Ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; y su par de Trabajo, Jorge Stopielo; y el vocero representante de Bienestar Policial, José Orlando Acosta, quien estuvo en contacto directo con Muñoz, el mayor referente de las protestas.

Mientras en Viedma se desarrollaba la reunión de urgencia, a la sede de la Regional Segunda llegaron agentes del grupo especial COER para realizar el desalojo. Sin embargo, según aseguraron fuentes del Gobierno, en el encuentro se alcanzó un principio de acuerdo.

El ministerio de Seguridad habría ordenado a la Jefatura de Policía frenar las notificaciones de traslados a los policías que se manifestaron en diferentes comisarías. En tanto, la situación de quienes ya fueron trasladados se revisaría este viernes. A partir de ese compromiso, Bienestar Policial desalojó la sede de la Regional Segunda y anunció el fin de los acampes en las comisarías.

El reclamo por mejoras salariales y el blanqueo de todas las sumas que componen los sueldos policiales se intensificó en la última semana. De hecho, para garantizar el operativo de seguridad de las elecciones provinciales, los agentes afectados cobraron por anticipado un plus de 12 mil pesos. Y, a pesar de ello, algunas ciudades requirieron el traslado temporal de oficiales desde otros puntos de la provincia.