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El sistema de libertad asistida favorece la impunidad

Las salidas transitorias a mitad de condena existen hace tan sólo 17 años y no son controladas. Deroguémoslas hasta tanto los ámbitos carcelarios no sean resocializadores.

Por Marcelo Hertzriken Velasco*

Desde hace más de 25 años he trabajado en distintos roles dentro del proceso penal punitivo y advierto que es un tema que no reviste complejidad en su tratamiento y no debe ser la preocupación exclusiva de juristas, profesores, abogados o magistrados sino, fundamentalmente, de los destinatarios del servicio público de justicia, denominados justiciables. Hace pocos días pude transmitirle a los 2.000 concurrentes a una marcha en reclamo de una sociedad segura y justa que contrario a lo  que se sostiene, las alcaidías llenas no son la solución al tema que tanta preocupación diaria concita. Y que hay variados orígenes de las prácticas delictivas violentas y que sería razonable trabajar en la crisis, pero también en el mediano y largo plazo con celeridad y prudencia.
Por vocación, elección y decisión propia he patrocinado a un gran número de familiares de homicidios, hay en ellos una necesidad de reparación, una sabiduría que dista del discurso “Blumbergiano”, que reclamaba penas de muerte, excepcionalidad y que fue construido jurídicamente con integrantes desocupados de las FFAA, fuerzas de seguridad y abogados que revistaron en los procesos autoritarios de nuestro país. Los derechos humanos son de todas las personas, el derecho de acceso a la Justicia de los más vulnerables, entre ellos la víctima, es una realidad desde el advenimiento de la democracia. Pero no es una realidad en el día a día, por ejemplo, los imputados cuentan con excelentes abogados pagos por el Estado como cuerpo estable para defender sus derechos, en tanto las familias institucionalmente no, salvo la concesión graciosa de algún puntero que tramite tal beneficio, forma que tampoco sirve para mantenerla en el tiempo.
Puedo hablar con la experiencia de haber protagonizado más de 2.000 audiencias de debate y de velar por los derechos de los querellantes: la ejecución de condena no resocializa, por variadas cuestiones.
Primero, en las alcaidías no están todos los delincuentes de la sociedad, sino los menos hábiles. La mayoría de ellos, por condiciones de maltrato y abandono infantil y de patrones de educación, son psicópatas y tienen adicciones graves. Dicho de otra manera, son irrecuperables. Pero también estamos rodeados de políticos, sindicalistas y empresarios de análoga condición y de estudiados modales que delinquen con un efecto devastador para nuestra sociedad, reproduciendo el modelo violento de la desigualdad. Por eso cuesta a veces tener la "solución" para esto sin involucrar a la sociedad de manera reflexiva y prudente.
Dije en la plaza: “Las salidas transitorias a mitad de condena existen hace tan sólo 17 años, deroguémoslas hasta tanto los ámbitos carcelarios no sean resocializadores y la población carcelaria no se integre con quienes por fueros, color de piel o posición social, no responden por sus conductas típicas, antijurídicas y culpables.
Por otro lado, un juez de Ejecución que no se cerciora sobre las condiciones del trabajo que asume el interno y no lo vigila en su libertad provisoria ¿hasta qué punto no comete delito cuando acontecen homicidios? Estoy hablando de Claudio Araya, ultimado a manos de una persona que no fue vigilada desde el Estado. O del adolescente hijo de Marcela Martínez, ultimado por un hampón en condición de prófugo cuyo enjuiciamiento, condena y traslado hacia un ámbito de detención seguro le ha costado la salud a aquella, como a la mayoría de los familiares que no sólo tienen que elaborar su duelo diario, sino lidiar con estas cuestiones.
Se lo dijimos al juez Juan Pablo Chirinos: las autoridades provinciales que no lo trasladan y lo mantienen en una comisaría están en flagrancia cometiendo los delitos de desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, quién se anima a formarles causa y detenerlos. Magistrados y funcionarios judiciales especulan con los otros dos poderes del Estado que votan sus ascensos en el Consejo de la Magistratura. Esta cuestión la mayoría de la sociedad la desconoce y merece ser transparentada.
En un caso similar, a un ingeniero de Cipolletti, a su familia y a la mía nos tocó ser víctimas de una extorsión pergeñada en la alcaidía de Roca, que nos mantuvo más de 60 días sin dormir, con secuelas irreparables. Los jueces nos aseguraban que sus autores ya estaban trasladados a Rawson, sin embargo jamás se cumplió tal orden, estas personas pidieron la presencia de la fiscal Elsa Alasino, le robaron su celular y siguieron extorsionado gente.
Es muy difícil dar una respuesta adecuada cuando la impericia, el desconocimiento, la desidia, el desinterés y las reacciones histéricas impregnan las vanas discusiones. No quiero una sociedad segura con una Policía fusiladora de adolescentes en conflicto con la ley. Quiero una sociedad segura, sin desigualdad, con prevención en las calles, erradicando el flagelo de las adicciones que convierte en "monos" peligrosos a personas. ¿Estarán dispuestos los poderes del Estado a involucrarnos en ello?

*Abogado de la Comisión Antiimpunidad.

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