El Obrero retoma la lucha bajo amenaza de otro juicio

La pelea que da el barrio Obrero A se endurece mucho más en la cuenta regresiva de una audiencia judicial que los vecinos avizoran como la punta de lanza para negociar las condiciones de un desalojo. En pie de guerra contra el apoderado de esas tierras, Carlos Romero, y todo aquel que los quiera correr de sus casas, anticiparon que no asistirán a la convocatoria, ya que de mediación no tiene nada.

“Somos muchos y vamos a ser muchos más. No los vamos a dejar en paz”, dijo ayer la dirigente gremial Lila Calderón, muy molesta con la presidenta del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, por evadir una respuesta y no acompañar el rechazo al desalojo y la discusión por la utilidad pública de las tierras que ocupan. El jueves, durante una marcha de protesta, las respuestas de los funcionarios sólo buscaron despegarse de sus dichos públicos sobre la postergación del debate hasta que la Justicia se expida.

La referente del barrio reconoció que del Municipio se fueron con las manos vacías cuando una masiva marcha reclamó al Deliberante que se defina. No sólo no lograron nada, sino que de ahí se fueron mal, ya que Lazzaretti les dijo que los iba a denunciar por agravios. “Como no nos puede dar una respuesta, nos quiere denunciar”, indicó Calderón.

Al respecto, la presidenta del Deliberante se limitó a decir que se está asesorando jurídicamente; pero tal posibilidad a Calderón no la amedrentó, redobló la apuesta y prometió más reclamos.

La dirigente del Obrero aseguró que el compromiso asumido por el intendente Aníbal Tortoriello, de avanzar con la expropiación, “es de la boca para afuera”, ya que al momento de exigir que comiencen a discutir la utilidad pública de las tierras, antes de la audiencia fijada por la Justicia, recibieron una negativa. “Estamos cansados de que nos bicicleteen, de que el Municipio y la Provincia se pasen la pelota. Este es un problema político y la solución, por lo tanto, es política”, indicó Calderón.

En la toma no creen posible un desalojo, pero igual avisaron que no irán a la audiencia del 27 de octubre. “No será una mesa de diálogo porque no hay diálogo. Es cumplir la sentencia de hace tres años atrás, cuando nos condenaron al desalojo. Por eso no iremos”, justificó Calderón.

En 2013, cuando se ratificó la sentencia a favor de Romero, los vecinos se organizaron para resistir el desalojo, pero la Justicia no hizo ningún movimiento para cumplir con la sentencia. Ahora sí, porque fijó la fecha para la última mediación y se determinó que la Policía deberá enviar una cantidad de agentes “proporcional” al número de habitantes.

La marcha del jueves fue una de las más ruidosas. Cientos de vecinos coparon las calles de esta ciudad y, ante la demora de los ediles en atenderlos, un grupo quemó gomas en la esquina de Villegas e Yrigoyen, donde cortaron el tránsito, y la densa humareda se extendió por los alrededores.

Con el ruido de los bombos y los redoblantes, y con carteles y banderas que identifican al barrio, los pobladores se hicieron sentir con fuerza pese al gran despliegue policial que hubo en la zona. Y desde la toma prometieron que habrá más protestas similares si no se pone en marcha la discusión para dar una solución de fondo al conflicto.

La toma se convirtió en un laberinto de acusaciones

Desalojo

La ocupación provocó un juicio ya resuelto a favor del apoderado del predio. Sin embargo, la orden nunca se ejecutó y el lugar ya es una barrio consolidado. Viven más de 400 familias.

Utilidad pública

La expropiación apareció como una alternativa viable para zanjar la disputa, aunque el gobierno local y la Legislatura hasta ahora no fueron más allá de anuncios informales.

Denuncias

Lila Calderón fue denunciada durante la anterior gestión y ahora la presidenta del Deliberante podría recurrir a Tribunales. En ambos casos, las acusaciones surgieron de protestas populares.