Derrumbaron la casa usurpada

La propiedad de la polémica en el San Pablo fue tirada abajo.

La casa del barrio San Pablo que estuvo casi un año tomada por dos familias cipoleñas fue demolida por una empresa privada ayer por la mañana. En octubre de 2017 la Justicia había ordenado su desalojo y, desde ese momento, no se supo más nada del caso hasta que ayer las máquinas tiraron abajo la vieja estructura.

El conflicto comenzó entre el 12 y el 18 de diciembre de 2016 cuando cuatro adultos y cinco niños ingresaron al predio -ubicado en Independencia al 280- con el objetivo de usurpar la vivienda. Algunos días después también le dieron alojamiento a una mujer embarazada que tenía siete hijos y que había tenido que abandonar su hogar por cuestiones de violencia.

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Las familias se resistieron a la decisión de la Justicia, asegurando que no tendían adónde ir. Reclamaban una solución de fondo a su problema habitacional para dejar el lugar.

El caso

La Justicia demoró el desalojo asegurando que la situación era muy compleja por el derecho de los propietarios del inmueble a disponer de la propiedad y la situación de los niños sin hogar al que mudarse. Se consideraba que el interés superior del niño se encuentra por encima de los intereses comerciales de los representantes de la empresa inmobiliaria y constructora. Y el derecho a contar con una vivienda digna es lo que hoy está en juego. La defensoría oficial y la defensora de menores del fuero penal representaron los intereses de las familias que usurpaban el inmueble. Sin embargo, el expediente continuó avanzando.

Ante la conflictiva situación, la Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de cargos por el delito de usurpación y pidió el inmediato desalojo forzoso. El pedido fue acompañado por el abogado querellante y el representante de la empresa que adquirió la propiedad para demolerla con fines inmobiliarios.

Para evitar que quedaran en la calle, la jueza de Garantías solicitó a la defensa la intervención del Poder Ejecutivo para otorgarles una solución habitacional, ya sea desde el Municipio o el IPPV. Hoy, casi dos años más tarde, se desconoce la situación de las dos familias.

Mientras tanto, los propietarios legales del lugar pudieron avanzar con su proyecto inmobiliario, obtuvieron los permisos municipales para la demolición y las máquinas dejaron la vieja propiedad reducida a una enorme pila de escombros.

18 personas llegaron a vivir en la casa tomada

La usurpación en el San Pablo fue producto de una grave situación de vulnerabilidad de dos familias. Primero ingresaron al lugar cuatro adultos con cinco niños menores de edad. Y pocos días después le dieron asilo a una mujer embarazada y a sus siete hijos pequeños.

Durante más de un año, entraron y salieron del lugar pero mantuvieron presencia a modo de guardia para evitar que se concretase el desalojo ordenado por la Justicia.

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