Comerciante acusado por un abuso pide acelerar el juicio

Con el fin de que se defina su situación ante la justicia cipoleña, un comerciante que había sido condenado por el abuso de su propia hija se presentó en los tribunales de Urquiza y España para que se fije la fecha del nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Impugnación con asiento en Viedma. El caso había generado una gran repercusión en su momento y el cipoleño recibió un castigo de 8 años de prisión efectiva. Sin embargo, tras un cambio de abogado particular, se impugnó el fallo y los magistrados anularon la sentencia condenatoria.

De acuerdo a fuentes judiciales, en las últimas horas se llevó a cabo una audiencia en la que la defensa del acusado pidió que se agilice la fijación de una fecha de debate. El trámite lo debe realizar la Oficina Judicial y trascendió que se estaba demorando debido a un problema de salud de la madre de la víctima, que será la principal testigo en el juicio oral.

La solicitud tiene relación con el tiempo transcurrido desde la resolución dictada por el Tribunal viedmense y porque el acusado busca que se resuelva la delicada denuncia en su contra, que describe abusos a su hija de cinco años. La acusación fue impulsada en su momento por la madre de la menor y tras una investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, se reclamó el juzgamiento del hombre.

El acusado primero fue juzgado ante un tribunal integrado por Laura González Vitale, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti, quienes lo declararon responsable, y luego le impusieron una pena de 8 años de prisión efectiva.

Sin embargo, en la impugnación, los jueces repasaron tanto el testimonio de la víctima en Cámara Gesell como el resto de los elementos incriminantes y evaluaron que la declaración de culpabilidad era arbitraria, sin fundamentos firmes.

Además, fue cuestionado el papel de la jueza que actuó en primera instancia bajo el viejo Código Procesal Penal y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, que sostuvieron la acusación durante las audiencias realizadas en Urquiza y España.

Por otra parte, se valoró la intervención de peritos y psicólogos, que pusieron en duda la situación de abuso adjudicada al comerciante de esta ciudad.

El hombre llevado a juicio nunca estuvo preso y enfrentó una doble acusación debido a que la madre de la víctima solicitó ser querellante particular. Para el fiscal Santiago Márquez Gauna las pruebas fueron contundentes y, por ese motivo, junto con el abogado de la querella, requirieron una condena de 8 años de cárcel. Al hombre se le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

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