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Citaron a la ministra Silva por la causa de las supervisoras

Todo arrancó en el 2016, cuando las dos trabajadoras fueron destituidas.

La Justicia citó a la ministra de Educación, Mónica Silva, a una audiencia de conciliación por la causa de las dos supervisoras de Nivel Inicial que fueron separadas de su cargo en 2016 tras denunciar la falta de vacantes en los jardines de Cipolletti. La Unter convocó a una movilización en las puertas de las oficinas de Conciliación, ubicadas en el ex Hotel Patagonia.

La causa está próxima a cumplir tres años, y hasta el momento los sumarios administrativos iniciados a las supervisoras no tienen un dictamen oficial porque la Junta de Disciplina de Río Negro votó de manera dividida y los resultados deben ser unánimes. Por eso, el expediente volvió al Ministerio de Educación.

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El jueves a las 8:30 la ministra de Educación deberá presentarse en las oficinas judiciales cipoleñas para intentar llegar a un acuerdo con las partes. Según indicaron a LM Cipolletti, Silva tendría las intenciones de presentarse y no optar por un representante legal, y podría llegar acompañada por vocales del CPE.

Según expresó el secretario general de Unter Cipolletti, Gonzalo Olguín, lo “ideal” es que la ministra se haga presente e informe sobre las irregularidades en los sumarios iniciados a las supervisoras Paula Frese y Stella Errotabere. “Ellas en el 2016 denunciaron que en la ciudad no había vacantes disponibles para todos los nenes que ingresaban a los jardines y que existían niños a los que se les vulneraba el derecho a la educación. Las destituyeron con un sumario lleno de irregularidades. Nosotros entendimos que esos sumarios iban a terminar irregulares y decidimos pedir la intervención de la Justicia. Estamos a casi tres años del suceso y necesitamos una resolución”, expresó Olguín.

Entre las irregularidades que advierte la Unter, indicaron que los sumarios no cuentan con las firmas de todos los miembros de la Junta como establece el protocolo. Además, dicen que las separaron de sus cargos y las enviaron a un lugar que no correspondía luego de un año, y cerraron las puertas del CPE por 11 días. “Les sacaron toda la información que ellas tenían y que podría haber sido utilizada como prueba, bloquearon los registros de los niños y las citan a declarar, pero les bloquean el acceso al edificio declarándolas en rebeldía. Todo el proceder fue irregular”, denunció el sindicalista.

En 2017, el Ministerio de Educación publicó un comunicado en el que afirmaban que en Cipolletti se inventó un listado de niños que esperaban por un banco en las salas de cuatro años, y que los constantes reclamos administrativos impedían avanzar en la causa. Además, dijeron que se les pagaba el sueldo sin recibir una contraprestación, haciendo alusión a los plazos en los que las supervisoras estuvieron separadas del cargo y de licencia.

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