Un cipoleño se negaba a pagar la cuota alimentaria por no tener ingresos fijos, pero la Justicia descubrió otra cosa

La falta de una cifra única y verificable sobre los ingresos de un padre que no pagaba cuota alimentaria obligó a la Justicia de Cipolletti a reconstruir su capacidad económica a partir de múltiples fuentes. El proceso incluyó registros tributarios, datos municipales, informes bancarios, certificaciones contables y testimonios.

La causa tramitó ante la Unidad Procesal de Familia N.º 11. La acción fue iniciada por la madre en representación de sus dos hijos, quien afirmó que el progenitor desarrollaba diversas actividades comerciales y empresariales.

En su presentación, sostuvo además que era ella quien asumía de manera cotidiana el cuidado de los niños. En ese contexto, planteó la necesidad de fijar una cuota alimentaria acorde al nivel de vida y posibilidades económicas del padre.

El progenitor, por su parte, rechazó el alcance del reclamo. Indicó que sus ingresos no eran fijos, aportó documentación bancaria y una certificación contable, y aseguró que realizaba contribuciones mensuales en dinero y en especie.

La clave del proceso: determinar la capacidad económica real

El eje del expediente quedó centrado en cuál era la verdadera capacidad económica del demandado. Ante la ausencia de datos concluyentes, la jueza inició un análisis integral de distintos registros oficiales y privados.

El primer indicio surgió de los informes tributarios. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro informó que el progenitor estaba inscripto en actividades vinculadas con servicios gastronómicos, asesoramiento y gestión empresarial.

Además, esos registros evidenciaron la titularidad de vehículos a su nombre. Estos datos constituyeron un primer acercamiento a su perfil económico, aunque no permitieron establecer ingresos concretos ni regulares.

Habilitaciones comerciales y participación societaria

Posteriormente, la Municipalidad de Cipolletti aportó información relevante. Los registros indicaron que el demandado contaba con una habilitación comercial vigente para un establecimiento gastronómico y que integraba una sociedad como socio gerente.

Otro informe municipal sumó antecedentes vinculados a inmuebles y permisos comerciales. Estos elementos reforzaron la hipótesis de una actividad económica diversificada y con distintos niveles de participación empresarial.

A su vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero agregó nuevas piezas. Según la sentencia, el progenitor figuraba como socio, gerente o administrador en varias firmas, además de contar con un contrato de franquicia para explotar un local comercial.

Ingresos difíciles de precisar y movimientos bancarios variables

A pesar de la multiplicidad de vínculos comerciales acreditados, el expediente no logró determinar con precisión cuánto dinero generaban esas actividades ni qué proporción correspondía al progenitor.

La certificación contable presentada por el propio demandado informó un promedio de ingresos en un período determinado y consignó una relación laboral con una de las empresas. Sin embargo, la jueza advirtió que esos datos no reflejaban necesariamente la totalidad de sus recursos.

El informe bancario agregó otra dimensión al análisis. La cuenta registró variaciones significativas en ingresos, egresos y saldos a lo largo de varios meses. Si bien estos movimientos fueron considerados, no resultaron suficientes para establecer una cifra definitiva.

Testimonios sobre nivel de vida y patrimonio

Las declaraciones testimoniales permitieron completar el panorama. Distintas personas brindaron referencias sobre la existencia de locales gastronómicos, viajes al exterior, vehículos y un determinado nivel de vida del progenitor.

Uno de los testimonios también mencionó su relación con una empresa que ocupaba un inmueble comercial. Estos aportes contribuyeron a delinear un perfil patrimonial más amplio, aunque sin precisión contable exacta.

Frente a la falta de documentación específica, la jueza señaló que el progenitor estaba en mejores condiciones de aportar información detallada sobre sus ingresos, patrimonio y ganancias derivadas de sus actividades empresariales.

En ese sentido, el fallo aplicó el criterio de las cargas probatorias dinámicas. Este principio establece que la obligación de probar recae en quien tiene mayores posibilidades técnicas o materiales de hacerlo.

Finalmente, la magistrada fijó una cuota alimentaria equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles. Además, ordenó realizar una liquidación retroactiva por los períodos anteriores, descontando los pagos que ya hubieran sido efectuados por el progenitor.