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Carreras rechazó fallo judicial que avala la toma de tierras

La gobernadora de Río Negro se expidió luego de conocer el fallo que avala la toma de tierras en El Bolsón. Los intendentes también difundieron un comunicado.

La Gobernadora, Arabela Carreras, rechazó la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, de no reconocer un delito en la ocupación de predios en El Bolsón. "Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras", dijo la Mandataria.

Carreras rechazó la decisión del juez, quien “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.

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El dictamen además impone un plazo de 15 días para que el Municipio, la Provincia y la Nación arbitren las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento a las familias que ocupan los predios.

“Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”, remarcó.

Carreras manifestó que los Gobiernos “gestionamos, pero no hacemos magia” y entendió que “si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”.

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Los intendentes de Juntos Somos Río Negro también manifestaron su “rechazo” al fallo del juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, quien rechazó un pedido de desalojo de un predio usurpado en El Bolsón por “no considerarlo un delito”.

“El juez pretende definir una situación compleja desde su despacho, buscando imponer una determinada política a los intendentes atribuyéndose funciones que no le corresponden”, puntualizaron.

Para los jefes comunales, al invadir la esfera de actuación propia de otros poderes del Estado el juez “se olvida de la letra y del espíritu de la ley y de la Constitución Nacional”.

A contramano de la solicitud formulada por la fiscal Silvia Little, el juez subrogante Zapata sostuvo que no existen elementos para considerar que los ocupantes hayan cometido un delito.

“El juez no alcanza a visualizar los alcances de este fallo, que nos coloca a las ciudades como rehenes de cualquier aventura de usurpación”, remarcaron.

Para los intendentes, el acceso a la tierra y la vivienda es una problemática compleja que “sólo se puede resolver a partir de la colaboración y el diálogo mutuo, y no imponiendo hechos de fuerza ni avasallando derechos de terceros”. También manifestaron que es “preocupante” que en medio de la pandemia de coronavirus, cuando todos los recursos de los municipios están dirigidos a contener la situación social, se les obligue a “buscar soluciones urgentes a un problema que data de mucho tiempo atrás”.

“Aducir que existen hechos consumados es aceptar que cualquiera puede violar la ley, pisotear los derechos de los demás y avanza sobre la propiedad pública o privada. Si realmente queremos encontrar la solución, no va a ser justificando hechos delictivos”, explicaron.

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