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Bronca por una nueva suspensión del juicio contra tres policías

Se trata del juicio que intenta saber qué pasó con Santiago Sagredo, muerto adentro de la Comisaría Cuarta en 2016.

El juicio por la muerte de un cipoleño en el calabozo de la Comisaría Cuarta volvió a quedar suspendido por la ausencia sin previo aviso del abogado defensor de dos de los policías acusados. “Son unos irresponsables. A esta altura ya deberíamos saber qué le hicieron a Santiago”, indicó la viuda.

Se trata de la audiencia que estaba programada para la tarde del jueves, en la que estaba previsto tomarle declaración testimonial a una mujer de Córdoba a través de una videoconferencia y del inicio de los alegatos. Pero nada de esto pudo pasar, porque el abogado Carlos Vila, defensor de los policías Pastene y Correa, no se presentó ni avisó de su ausencia.

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“Estoy con mucho enojo e indignación, porque se generó todo un despliegue para poder tomarle declaración a la mujer y el abogado no se presentó. Es un irresponsable. Ni siquiera justificó su ausencia”, cuestionó Claudia Olave, viuda de Santiago Sagredo.

“Nos provoca mucha molestia porque se luchó tanto para poder saber la verdad, saber qué le hicieron a Santiago adentro de la comisaria. Ya tendríamos que estar ante una sentencia y los policías en la cárcel. Tuvimos muchos obstáculos para llegar al juicio, y si están seguros de lo que dicen y hay prueba se tendría que haber resuelto”, relató la mujer.

La audiencia se reprogramó para el martes 17 a las 13 en los juzgados de España y Urquiza.

Familiares de Santiago Sagredo pidieron ayer, frente a la Fiscalía, que se eleve el caso a juicio.
La familia de Santiago Sagredo exige saber qué pasó.

La familia de Santiago Sagredo exige saber qué pasó.

Tres policías los acusados

En el banquillo de los acusados están tres policías que en aquel momento prestaban servicios en la unidad policial céntrica. El cuartelero Leandro Pastene y el oficial de guardia Cristian Correa están acusados de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, a Daniel Ferreyra, el oficial de servicio que estuvo prófugo y fue exonerado de la fuerza por una condena de coacción en Villa Regina, se le suma la acusación por adulteración de documentos públicos porque habría modificado el libro de guardia para que no quedara el registro de la detención. Los tres uniformados, en caso de recibir la pena máxima, podrían pasar hasta cinco años privados de su libertad.

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