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Afirman que en el bar no se cumplió el protocolo y maltrataron a las inspectoras

La jueza de Faltas de Cipolletti explicó los fundamentos para la clausura de El Gato bar y dijo que hay dos causas en simultáneo.

La jueza de Faltas explicó en detalle por qué el Municipio clausuró El Gato bar y afirmó que existen dos expedientes en curso, uno por incumplimiento del protocolo sanitario y otro por supuesto maltrato a las inspectoras. La reapertura podría demorar varios días y podrían ordenar el pago de una multa.

Yanina Kermen, jueza de Paz cipoleña, explicó que en el expediente existen dos causas contra el propietario del bar ubicado sobre la calle Yrigoyen. La primera de ella expone que dos inspectoras municipales se hicieron presentes en el lugar el martes a las 23:20 y el personal de seguridad les impidió el paso.

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“Estando las dos inspectoras afuera, el guardia avisa por handy que había llegado personal municipal para que desalojen. Según el protocolo a las 22:30 deberían haber desalojado, para cerrar sus puertas a las 23, y sólo el personal o los dueños pueden quedarse hasta las 23:30 para los trabajos de cierre de caja o limpieza. Las propias inspectoras vieron cómo salían del lugar unas 15 personas: abrazados, cantando, sin barbijos y sin distancia social. Muchos de ellos incluso salieron con sus bebidas en la mano. Todo eso está prohibido”, relató Kerman.

Indicó que luego se les permitió el acceso a las inspectoras y encontraron un local que parecía un lugar bailable.

“Según el expediente, habían amontonado las mesas contra la pared, había música y luces de colores como si fuera un boliche. El protocolo estipula las mesas con un distanciamiento especial para evitar el contacto estrecho”, remarcó la jueza. Dijo que a simple vista las normas sanitarias establecidas para la reapertura gastronómica no se estaban cumpliendo.

Clausura de El Gato pub

“Sumado a todo esto, las dos inspectoras denunciaron por maltratos al dueño del lugar. Afirman que las insultó, les gritó y amenazó. Desde junio pasado existe una ordenanza municipal que castiga estas acciones contra el personal indispensable”, indicó, y sumó que esta es la primera denuncia formal que recibió el Juzgado desde que se aprobó la norma el 30 de junio pasado que establece multas de entre $10 mil y $20 mil.

Consultada sobre las pruebas para demostrar tal situación, indicó que, con la simple declaración de las denunciantes vasta, pero que de igual forma se pedirá una ampliación de la declaración.

Sobre el procedimiento para la reapertura, Kermen explicó que el comerciante podrá presentar un descargo con su versión de los hechos y pidiendo el levantamiento de la clausura, pero que el proceso seguramente va a demorar ya que se encuentran suspendidos los plazos procesales. Además, contó que la denuncia por maltrato tendrá otro procesa en paralelo.

“Las inspectoras no quisieron encuadrar la situación en la violencia de género, pero estaban seguras de que, si los inspectores eran varones, distinto hubiera sido el trato”, afirmó la jueza.

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