En su argumentación, la Fiscalía se opuso a la suspensión de juicio a prueba o probation con el argumento de que el caso en cuestión se encuadra en el delito de robo agravado por haberse cometido con efracción cuya pena mínima es de tres años y la máxima es de diez años. La parte acusadora insistió en que, siguiendo la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en este caso se deberá aplicar una pena de prisión efectiva “cuyo quantum será analizado a partir del punto medio, que son 6 años y medio de prisión”.

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Según la acusación, los dos hombres ingresaron a una propiedad de la calle Azcuénaga de Cipolletti y como no se encontraban sus moradores reventaron la puerta delantera y se apoderaron ilegítimamente de 1500 pesos, una cámara digital, un reloj, alhajas varias y perfumes.

El 22 de marzo de 2017, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió denegar la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa pública de los imputados.

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