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Un líder positivo y no un superhéroe

Por Juan Pablo Piombo (*)

Hay una idea en las nuevas autoridades provinciales, de los tres poderes, de “modernizar la Justicia”. Esta frase puede tener -o no- un significado. ¿Qué hace falta para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial?
En este momento nos encontramos en un período de transición entre dos etapas porque se está próximo a elegir dos nuevos miembros del Superior Tribunal. ¿Qué podemos esperar como sociedad de ellos?
Simpleza; sentido común; que se establezcan criterios claros para interpretar las leyes de modo que se vuelva más ágil el funcionamiento de los tribunales; una buena comunicación institucional; un sistema útil de capacitación para los magistrados, funcionarios y empleados y no mucho más. Lo mismo que se espera de cualquier otra autoridad, no un superhéroe sino simplemente un líder positivo.
Hay muchas herramientas de gestión que utilizan organismos públicos y privados que se pueden adaptar perfectamente al Poder Judicial. A veces hacen falta prácticas sencillas como fijar objetivos, distribuir responsabilidades, estandarizar procesos, que las intervenciones del juez o de los empleados causen un impacto en las personas que van a los tribunales, medir el trabajo de cada equipo y comparar resultados. En definitiva, hay posibilidades de mejorar la gestión de cada uno de los organismos a través de auditorías que sirvan para ayudar a los jueces a detectar qué se puede mejorar. Esta idea de la mejora continua, del trabajo por procesos, de revisar constantemente dichos procesos ya es una realidad desde hace años en las empresas privadas y poco a poco también en el sector público.
En materia civil se implementó hace unos años un sistema (oralidad) para hacer hablando lo que antes se hacía por escrito. Esta reforma permitió que el proceso civil se vuelva más ágil, que las personas vean al juez, que sean escuchadas y que se reduzca el tiempo que se tarda en resolver cada caso.
En materia penal el desafío está pendiente. Es necesario determinar  qué presupuesto hace falta para la reforma penal y  antes de dictar una ley sería conveniente hacer un “estudio de impacto social”, es decir, un análisis sobre cuánto más del presupuesto va a hacer falta para Justicia y qué resultados se van a obtener con ese aumento del gasto.
Por otro lado es importante que se cubran los cargos de jueces, funcionarios y empleados ya que no es posible modernizar un sistema si las filas están diezmadas porque en cada ciudad hay sillas vacías. En este proceso de recambio generacional el trabajo del magistrado que se jubiló lo están haciendo los jueces o funcionarios o empleados de la misma oficina o de otra. La cantidad de tiempo que se tarda en cubrir cada cargo vacante es una variable que afecta al proceso de modernización.
El sistema actual quizás no es tan malo como a veces se lo pinta. No estaría mal comparar con otras provincias para ver cuántos casos se resuelven con el presupuesto asignado para darnos una idea exacta de la realidad. No estaría nada mal hacer encuestas de satisfacción a las personas que concurren a los tribunales para conocer la realidad de la Justicia.
En fin, las intervenciones sencillas y razonables van a hacer que a largo plazo tengamos un sistema de justicia que nos dé orgullo porque será más eficaz que el actual. Lo cierto es que el proceso de transición está en marcha, que será corto y que en poco tiempo estaremos observando en qué forma se mejoró el Poder Judicial. Todo hace pensar que vamos por buen camino puesto que la verdadera transformación no pasa por cambiar una ley sino por crear una cultura orientada a la mejora continua.
Por ello, si un magistrado del máximo tribunal provincial es de una ciudad o de otra no es un asunto significativo; lo esencial es que pueda llevar adelante buenos proyectos.

(*)Vocal del Colegio de Magistrados.

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