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Rechazarán intentos de desalojo de los barrios populares  

Los integrantes del Foro por la Tierra y la Vivienda y de la Mesa Nacional de Barrios Populares lucharán para que se respete la ley 27453, que al menos hasta octubre prohíbe los desahucios. Procurarán una prórroga de la disposición.

La dirigencia social local y regional no está dispuesta a permitir que se produzcan desalojos de asentamientos y barrios, como el que se intentó recientemente en la ciudad de Neuquén, donde quedó sin efecto, después de tres jornadas de gran tensión, el desahucio de un grupo de familias del barrio Huiliches.

El sector poblacional neuquino figura entre los lugares reconocidos y relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renapab) y, por tal motivo, la Justicia no podía actuar contra las 9 familias que se quiso expulsar de sus predios.

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En el caso, intervino la referente cipoleña Lilia Calderón, integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda, al que está adherido el barrio Huiliches. Además, la dirigente forma parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares, organización que representa a miles de sectores poblacionales que procuran su regularización y normalización urbana.

En el país, está en plena vigencia la ley nacional 27453 de barrios populares, aprobada en 2018 y que entre sus cláusulas establece que no pueden concretarse desalojos por cuatro años. Este plazo concluye en octubre próximo, por lo que, en estos días, no podía llevarse a cabo el desahucio de las familias del asentamiento neuquino.

Así se entendió finalmente, aunque hubo un momento en que la Policía logró el cometido de echar a los vecinos que están en la mira. Sin embargo, se tuvo que volver atrás con la determinación y el viernes pasado los pobladores afectados volvieron a sus hogares.

Calderón, que participó activamente en la lucha por evitar la expulsión de las familias, dijo que el Foro por la Tierra y la Vivienda y la Mesa Nacional de Barrios Populares se opondrán decididamente a que se produzcan nuevos intentos de desalojo en Cipolletti y la región.

Recordó que, en cuanto a la ciudad, hay no menos de tres barriadas que están judicializadas y que podrían ser objeto de alguna acción por parte de la Justicia. El caso más relevante es el del barrio 2 de Agosto, uno de los asentamientos más grandes de la urbe. Allí, su dirigencia procurará en los próximos días hacer gestiones en la Justicia para conocer la marcha del expediente.

La referente social manifestó que se están concretando gestiones a nivel nacional para que se extienda por un nuevo plazo la prohibición de desalojar barriadas y asentamientos.

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