Quieren denunciar por estafa al dueño de tierras ocupadas

Si Carlos Romero, quien dice ser el propietario de las tierras del Barrio Obrero A, insiste en un nuevo desalojo, los vecinos de ese asentamiento se adelantarán con una denuncia penal por estafa en su contra ante la Fiscalía.

“Romero no cuenta con la acreditación de la propiedad ni el poder para representar a los legítimos propietarios, algunos de los cuales han fallecido. Por lo tanto, los vecinos no le pueden pagar a alguien que no está en condiciones de entregarles un título”, sostuvo enfáticamente la abogada que los representa, Victoria Naffa.

Romero dice que el Estado no tiene interés en zanjar el conflicto y los ocupantes tampoco quieren pagar los terrenos donde viven, por lo que prepara una iniciativa legal para que la Justicia efectivice el desalojo.

“Lo único que genera es miedo e incertidumbre entre los vecinos”, advirtió la referente barrial Lila Calderón, quien aclaró que no tendrían problema en discutir un precio con Romero si él tuviese todos los papeles en regla.

Distinta es la situación del dueño de las tierras del Obrero B, con quien Calderón sostuvo que “estamos ahí de cerrar” un acuerdo.

La toma está judicializada desde sus orígenes en 2009, con lo que ya son 7 años de indefinición. El juez a cargo de la causa, Alejandro Cabral y Vedia, dispuso en 2010 el abandono del lugar, pero desde entonces la apelación de los pobladores consiguió paralizar la drástica medida.

Actualmente, la causa está en manos de la Corte Suprema; y el Municipio insiste en recurrir al diálogo, aunque todavía no convoca a Romero a una audiencia; y los pobladores del Obrero A tampoco están dispuestos a sentarse a negociar con alguien que ni siquiera aparece en el Registro de la Propiedad.

La toma está judicializada desde el 2009, con lo que ya son 7 años que pasaron sin una definición. La causa está actualmente en manos de la Corte Suprema.

“Es repudiable lo que dice Romero, porque nunca presentó la documentación que le pedimos para que acredite su legitimidad”, manifestó Calderón.

Adelantó, además, que este jueves el Concejo Deliberante sesionará y aprovecharán esa instancia para reclamarles a los ediles que declaren la utilidad pública de esas tierras, como paso previo a la expropiación.

El intendente Aníbal Tortoriello ya ratificó a LM Cipolletti que tomará ese camino si las partes son irreconciliables.

Naffa advirtió que si Romero llegó tan lejos con su planteo, fue porque contó con el aval del juez Alejandro Cabral y Vedia en momentos en que la legitimación de la propiedad no se había puesto en discusión.

“Lo único que genera es miedo e incertidumbre entre los vecinos. No tendríamos problema en discutir un precio con Romero si él tuviera los papeles en regla”.Lila Calderón. Referente de la toma Barrio Obrero

“Romero no cuenta con la acreditación de la propiedad ni el poder para representar a los legítimos propietarios, algunos de los cuales han fallecido. Los vecinos no le pueden pagar a alguien que no está en condiciones de entregarles un título”. Victoria Naffa. Representante legal de los vecinos del Barrio Obrero

“Lo que hace Romero es un delito”

Cuando la abogada Victoria Naffa comenzó a representar a los vecinos del Obrero A, se dio cuenta de que Carlos Romero no era el legítimo poseedor de esos terrenos, tal como decía, ni pudo acreditar el poder que supuestamente tenía y que a esta altura ya no tiene validez porque hay propietarios que fallecieron. Por lo tanto, si Romero quiere ir adelante con un nuevo desalojo, la contraofensiva legal de los pobladores será una denuncia penal por estafa, ya que consideran que la maniobra de este hombre es un delito.