Un impuesto en la mira: La propuesta que busca facilitar los alquileres en Río Negro
Un proyecto propone eximir de un impuesto a contratos de alquiler. Apunta a aliviar el bolsillo y facilitar el acceso a la vivienda. ¿De qué se trata?
Un proyecto ingresado a la Legislatura de Río Negro, propone eximir del cobro del impuesto al sello en los contratos de alquiler.
En un contexto marcado por la dificultad creciente para acceder a una vivienda, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone eliminar un costo inicial que pesa sobre miles de inquilinos: el Impuesto de Sellos en los contratos de alquiler destinados a vivienda.
La iniciativa, impulsada por el legislador César Domínguez (Primero Río Negro), plantea fijar una alícuota del 0% para los contratos de locación de vivienda única, familiar y permanente.
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El beneficio alcanzaría a aquellos acuerdos cuyo valor mensual no supere los dos millones de pesos al momento de su firma, y también incluiría la exención sobre las garantías personales que acompañan estos contratos.
Un alivio en el ingreso al alquiler
El proyecto apunta directamente a uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias al momento de alquilar: los costos iniciales. Además del depósito, los honorarios y otros gastos administrativos, el Impuesto de Sellos representa un monto adicional que, en muchos casos, resulta determinante.
Según se desprende del texto, la propuesta busca reducir esa carga económica en el inicio del contrato, facilitando el acceso a la vivienda. “La actual carga impositiva inicial dificulta el acceso a la vivienda y agrava la situación de numerosos hogares rionegrinos”, sostiene el autor del proyecto en los fundamentos.
Desde una mirada tributaria, la iniciativa introduce el argumento que, el alquiler de una vivienda, no debería ser considerado un indicador de capacidad contributiva. Por el contrario, se lo define como una necesidad básica, lo que justificaría su tratamiento diferencial dentro del esquema impositivo.
Requisitos y controles
Para acceder al beneficio, las partes deberán presentar una declaración jurada en la que certifiquen que el inmueble será utilizado exclusivamente como vivienda y no tendrá fines comerciales, turísticos o profesionales.
La norma, sin embargo, también contempla mecanismos de control estrictos. En caso de detectarse irregularidades, como falsedad en la información, simulaciones o cualquier tipo de ocultamiento, la exención quedará sin efecto de manera automática. En esos casos, el impuesto deberá ser abonado junto con los intereses y las multas correspondientes.
Este punto busca evitar maniobras que distorsionen el objetivo de la ley, que está orientada específicamente a quienes alquilan para vivir y no para generar una renta o actividad económica.
Un contexto que presiona
La propuesta provincial se inscribe en un escenario más amplio de crisis habitacional que atraviesa a todo el país. Un reciente relevamiento de la organización Inquilinos Agrupados expone con claridad el deterioro en las condiciones de vida de quienes alquilan.
Por primera vez, la principal preocupación dejó de estar centrada exclusivamente en la vivienda. El 96,4% de los encuestados identificó al salario como el mayor problema, seguido por el empleo (94,6%) y el acceso a la vivienda (94,3%). Este cambio refleja un fenómeno más profundo: la caída del poder adquisitivo impacta de lleno en la posibilidad de sostener un alquiler.
El informe también advierte sobre un proceso de expulsión habitacional. El 17,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar el pago mensual. En algunas provincias, como Neuquén, el porcentaje asciende al 33,3%, lo que evidencia la gravedad de la situación en la región.
Entre el alquiler y la subsistencia
Los datos muestran que el alquiler se lleva una porción cada vez mayor de los ingresos. Mientras un tercio de los inquilinos destina menos del 30% de su salario, otro grupo similar asigna alrededor del 50%. Sin embargo, el sector más golpeado debe destinar entre el 60% y el 100% de sus ingresos solo para pagar la vivienda.
A esto se suma una dinámica de aumentos frecuentes: el 70% de los contratos registra actualizaciones cada tres o cuatro meses, lo que dificulta cualquier planificación económica.
El impacto se extiende a otros aspectos de la vida cotidiana. El 46% de los inquilinos tiene más de un empleo, el 30% debió sumar un trabajo adicional y el 14% perdió alguna fuente de ingresos. El endeudamiento también crece: el 70,9% tiene deudas activas, muchas de ellas vinculadas a la compra de alimentos o al pago del propio alquiler.
Incluso la alimentación se ve afectada. El 65,1% de los encuestados redujo su consumo de comida, y casi un tercio asegura que realiza solo una o dos comidas por día.
En este escenario, la eliminación del Impuesto de Sellos en Río Negro aparece como una medida puntual, pero significativa, dentro de un problema estructural más amplio. Si bien no resuelve por sí sola la crisis habitacional, apunta a aliviar uno de los costos de ingreso al sistema de alquileres.
El debate ahora se trasladará al ámbito de la Legislatura, donde se definirá si la propuesta logra avanzar y convertirse en una herramienta concreta para miles de familias que hoy enfrentan dificultades crecientes para acceder y sostener una vivienda.
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