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Investigan a ex funcionarios por beneficios a mapuches

El fiscal Federal Carlos Stornelli objetó la mayoría de las resoluciones del Inai en medio del proceso electoral presidencial de 2023.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) firmó 55 resoluciones en 2022 y pasó a más de 180 en 2023, la mayoría rubricadas después de la segunda vuelta electoral. El fiscal Federal Carlos Stornelli objetó el contenido de la mayoría de los expedientes donde incluso figuran croquis de relevamientos territoriales elaborados a mano.

Stornelli pidió investigar a los ex funcionarios del INAI por la supuesta comisión de delitos, teniendo en cuenta que – sospecha- las resoluciones tendieron a beneficiar a comunidades mapuches antes del cambio de gobierno a nivel nacional. Para elevar la denuncia, el fiscal tuvo en cuenta un pedido de informes que presentó el diputado nacional rionegrino Sergio Capozzi, en idéntico sentido.

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A poco de asumir la banca, el parlamentario del PRO intentó conseguir información sobre el alcance de las resoluciones, 81 de las cuales fueron firmadas a contrarreloj, cuando se acercaba el 10 de diciembre.

“El objetivo es conocer el alcance de los expedientes, su legitimidad, o si se trata de una maniobra del kirchnerismo para apoyar a grupos que operan en la ilegalidad”, dijo Capozzi cuando elevó el pedido de informes.

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La investigación de los beneficios del INAI a comunidades mapuches surgió por un pedido de informes del diputado nacional Sergio Capozzi.

La investigación de los beneficios del INAI a comunidades mapuches surgió por un pedido de informes del diputado nacional Sergio Capozzi.

La línea comparativa entre los períodos 2022 y 2023 y la diferencia en la cantidad de documentos presentados resulta, a criterio del fiscal, al menos llamativa. “La indiscriminada proliferación de resoluciones expedidas por el INAI en la última etapa de la gestión de gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2023, queda evidenciada a las claras”, consignó.

De esas 183 resoluciones, la mayoría (174) se encuentran vinculadas a relevamientos Técnicos, Jurídicos y Catastrales, y en algunas de ellas se les reconoce la ocupación de territorios; ocho son para reconocer la Personería Jurídica de distintas comunidades y el resto para incorporar representantes al Consejo de Participación Indígena.

Stornelli cuestionó el contenido de la mayoría de las resoluciones, carentes de rigor técnico y valor administrativo, sin revestir la “seriedad y formalidad que deberían contener este tipo de legajos”, lo que – para el fiscal – evidencia que los mismos habrían sido tratados “con poca profundidad”.

Las sospechas de beneficios a comunidades mapuches

En cuanto a las resoluciones vinculadas a las carpetas técnicas sobre los relevamientos territoriales, el fiscal percibió que contemplan información imprecisa aportada por las comunidades y según su criterio “no habría sido corroborada de forma exhaustiva como para poder reconocerles la ocupación de los territorios que consideran como propio”.

En muchos casos el INAI accedió a reconocer la propiedad de las comunidades, contando únicamente con el testimonio de sus integrantes, en los que relatan antecedentes históricos, y un “precario Cuestionario Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), aportando bocetos elaborados a mano donde muestran cual es el supuesto territorio que ocupan y, según su punto de vista, les pertenece”.

Cuestionó además que, en los expedientes, además de los elementos mencionados, se incorporaron fotografías “precarias” capturadas por personal del INAI. Stornelli destacó además que en la mayoría de los informes de dominio que fueron confeccionados, los territorios en cuestión pertenecen a privados o, en algunos casos, al Estado Nacional.

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En esos casos tampoco figura en los expedientes que los propietarios de las tierras hayan sido notificados acerca de los procedimientos efectuados y de lo resuelto en cada caso en favor de las comunidades mapuches por el INAI.

También criticó los documentos a través de los cuales varias comunidades mapuches recibieron su personería jurídica y analizó que “también adolecerían de superficialidad en su análisis como para ser inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi).

El fiscal sostuvo que “la importante proliferación de actos administrativos en el transcurso de 2023, y especialmente en el transcurso de los últimos meses de gestión del gobierno saliente, desde ya resulta llamativo, cuantitativamente, a la luz de su comparación con igual período anterior”.

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